Con o sin radiodifusión, no se olviden de la pobreza

Las próximas semanas los políticos se van a dedicar casi full time a analizar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocido como de radiodifusión, que envió el Gobierno al Congreso. Una vez más, el debate sobre el combate contra la pobreza corre riesgo de ser abandonado.

Uno de los proyectos más pedidos por sectores de la oposición es establecer una asignación universal por hijo. Así, cada madre recibiría plata por sus hijos, con la contrapartida de llevarlos a la escuela y al médico. Es una manera de combatir la pobreza y, de paso, evitar también el clientelismo. Hay otras propuestas, también merecedoras de ser estudiadas. El oficialismo ya maneja los números sobre la plata que hace falta. Esperemos que sirva para algo, y no sólo para decir que cuesta mucho. Aquí les dejo la nota publicada hoy en PERFIL:

Pese a que Cristina Fernández de Kirchner les pidió a los sectores que piden la implementación de una asignación universal por hijo que expliquen de dónde habría que sacar los fondos, el oficialismo en la Cámara de Diputados ya está analizando cuánto dinero costaría ponerlo en práctica. Incluso previendo diferentes escenarios económicos.
“Es un tema que va a tratar el Congreso”, anticipó Cristina al presentar el último plan social de trabajo. Sin perder el tiempo, los diputados kirchneristas ya tienen en su poder y están analizando un informe sobre cuántos menores de 18 años están hoy sin ningún tipo de cobertura. El trabajo dice que de 12.400.000 menores que hay en el país, 2.664.266 están sin cobertura. De los que reciben asistencia, 6 millones lo hace a través de las asignaciones familiares que cobran sus padres, y a más de 3 millones y medio los ayudan los planes sociales, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el Plan Familias y las pensiones asistenciales (ver infografía).
En un principio, el kirchnerismo en Diputados aseguró que para avanzar en la materia iban a tratar un proyecto de Héctor Recalde, que establece la ampliación de las asignaciones familiares a los trabajadores informales. Ahora, la lectura cambió y los oficialistas sostienen que la idea es tratar ese proyecto pero “ampliado”. “La idea es acotar la asignación y que no sea algo tan amplio”, expresó una fuente parlamentaria. Un diputado opositor, en tanto, deslizó que el verdadero cambio de postura se debe a la advertencia que habría recibido la cúpula oficialista. La misma sostendría que de aplicarse ese proyecto, la Anses comenzaría a recibir innumerables juicios de los trabajadores informales solicitando el cobro de sus jubilaciones, situación que pondría en riesgo la estabilidad del organismo.
Los papeles que manejan los diputados K indican que el costo total de una asignación universal variaría desde 20.088 millones de pesos (en el caso de una asignación de 135 pesos) hasta 44.640 millones (con pagos de 300 pesos). En el medio, analiza la situación con otros cuatro tipos de asignación. Como es un tema que está previsto que forme parte del debate del Presupuesto 2010, el estudio también contiene el porcentaje que cada asignación representaría del PBI (Producto Bruto Interno), de la recaudación y de las retenciones a las exportaciones. Esto significa que el oficialismo ya se está preparando para retrucarle a la oposición que los intentos de implementar la asignación por hijo no pueden ir de la mano de una baja de retenciones. En el caso de la contribución más baja, los K dicen que la asignación significaría el 57,5 por ciento de las retenciones.
Desde la oposición, en tanto, insisten en que el tema no puede estar fuera del debate, pero no se ponen del todo de acuerdo con los mecanismos. Además, en sus proyectos sostienen que el financiamiento necesario es posible conseguirlo. Afirman que se pueden redireccionar los planes existentes, eliminar las asignaciones familiares actuales, gravar con Ganancias la renta financiera y quitar excenciones impositivas, entre otras ideas.

Ley de Radiodifusión, la ley de la democracia, la ley de radiodefunción, La Ley.

No me gusta Clarín. No me gusta como maneja la información. No me gusta como se alía o se enfrenta a gobiernos y políticos, siempre según su conveniencia. No me gusta como oculta información cuando está todo bien con un gobierno (sea democrático o de facto) y como la libera cuando ya no puede conseguir nada de ese gobierno. No me gusta su falta de compromiso (como el multimedio más importante del país) para construir una democracia mejor. El periodismo puede y tiene que poder colaborar en la construcción de un país mejor, avalando lo que está bien y denunciando lo que está mal, y nunca guardándose nada.

Pero no me gusta el Gobierno de los Kirchner. No me gusta la hipocresía, la corrupción, la mentira, la falta de políticas a largo plazo, el estilo autoritario, el doble discurso, la búsqueda constante de antinomias, el obsesivo control sobre los medios, la discriminación con la publicidad oficial, el desaprovechamiento de una oportunidad histórica del país, la presión sobre los poderes legislativo y judicial. Y no me gusta el proyecto de ley de Radiodifusión que mandó ayer Cristina al Congreso.

Una nueva ley de Radiodifusión es necesaria. Y está muy bien que se imponga el debate. Pero la ley debe ser para mejorar el sistema y no para atacar a un grupo en particular. La ley debe ser para democratizar, y no para generar nuevas corporaciones (como las telefónicas, aliadas al Gobierno, que esperan ser los nuevos monopolios).

Además, Cristina miente cuando dice que es el primer Gobierno que manda un proyecto para reformar la ley al Congreso. Alfonsín, Menem y De la Rúa ya lo hicieron, pero fracasaron. Probablemente, por el terrible poder que puede ejercer Clarín.

Por otro lado, una vez más el Gobierno muestra la intención de apurar el trámite de un proyecto. El 10 de diciembre cambia la composición del Congreso, con lo que votó la gente el 28 de junio. La actual composición, a mi entender, carece de la legitimidad necesaria para aprobar este proyecto. Puede empezar el debate, darle inicio a un tema que es importante, pero no urgente.

Un dato más para tener en cuenta y analizar las conductas del Gobierno. Cristina nombró cinco veces la cuestión de la libertad de expresión en su discurso y una sola vez la palabras Comunicaciones. Sin embargo, en Diputados, el proyecto va a ser tratado en la Comisiones de Presupuesto y de Comunicaciones. La de Libertad de Expresión (que la conduce una opositora) quedó de lado. ¿No es un aspecto central del proyecto la libertad de expresión? ¿O sólo preocupa la expresión del Gobierno?

Las tapas que ilustran este post son las de hoy de Clarín, El Argentino (diario ultra K) y Página/12. El primero la salió con los tapones de punta, como era de esperar, defendiéndose (hasta de forma burda). Los otros dos, que viven gracias a la publicidad oficial, van por la inversa y respaldan al Gobierno. No me gusta ninguna de las dos posturas, pero temo que un sistema totalmente controlado por el Ejecutivo termine con medios que sean todos como El Argentino. Y el proyecto le da esas facultades al Gobierno de turno. Aunque después vengan otros gobiernos, ninguno debería poder controlar a los medios.

Que empiece el debate, pero que sea para construir. No para destruir.

El poder de veto

"El poder de veto es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar, total o parcialmente, una ley aprobada por el Congreso", explicaban los profesores en la facultad. Y siempre se repetía el mismo chiste (malo) con uno de mis amigos. "¿El poder de quién?", me preguntaba. "De Beto", respondía.

En los últimos meses, se nos hizo más común escuchar hablar del poder de veto presidencial. Dejó de ser sólo una cuestión teórica. Primero llamó la atención cuando Cristina de Kirchner vetó totalmente la ley de Glaciares que había aprobado el Congreso por unanimidad. Se alegó problemas técnicos que perjudicaban a las provincias, pero se supo que fue por la presión de las mineras, a través de gobernadores, que se veían perjudicadas.

Hoy, la Presidenta vetó parcialmente una ley de emergencia agropecuaria que establecía la eliminación de las retenciones para una veintena de localidades de la provincia de Buenos Aires, afectadas por la sequía. También había sido votada por unanimidad en ambas cámaras. Y se volvió a decir que fue un error.

Más allá de la incidencia que el conflicto con el campo tuvo en la decisión, hay un problema grave que demuestran estas decisiones. El poder de veto no es malo en sí mismo. Es una facultad que tiene el Ejecutivo para controlar las decisiones del Legislativo. Es parte del equilibrio de poderes que tiene cualquier república. El Legislativo, además, tiene la posibilidad de insistir con su voluntad si consigue el voto de dos tercios de los miembros de cada cámara. En teoría, sería absurdo que un presidente vete una norma que fue votada por unanimidad, porque automáticamente el Congreso la ratificaría con más de los dos tercios necesarios. Pero el problema en este caso es que los diputados y senadores oficialistas reflejan su falta de autonomía, su dependencia del Gobierno, y cambian su voto. Y ahí es donde se rompen las teorías de la división e independecia de los poderes del Estado.

"El poder de veto...", dicen los medios hoy. "¿El poder de quién?", me pregunta mi amigo. Y finalmente lo comprendo: "El poder de Cristina".

Fusiló y secuestró... o al revés

"Se mandó cualquiera". Esa fue la expresión que más escuché cuando la gente se enteró de las declaraciones de Cristina de Kirchner, con las que comparó el "secuestro" de los goles que tenía la empresa que televisaba el fútbol con el secuestro (sin comillas) de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar.

La semana anterior, al presentar un plan social, había hablado de la existencia de "fusilamientos mediáticos". Ahí no se refirió al genocidio de los militares, sino que eligió compararse con Manuel Dorrego, fusilado por no defender los intereses de los poderosos de turno.

Es sabida la enemistad que los Kirchner tienen con los medios, en especial con Clarín. Pero eso no justifica hacer abuso del lenguaje. Mi conclusión, al escuchar la comparación de los secuestros, es que nadie que crea firmemente en la gravedad de los desaparecidos puede, en su sano juicio, compararlos con la transmisión televisiva de goles. Esta liviandad argumentativa, por ende, dejaría en evidencia que los Kirchner nunca tomaron muy en serio su posición frente a los derechos humanos, sino que fue pura demagogia.

En términos futboleros, se podría decir que un jugador "secuestró" la pelota cuando no se la pueden sacar. Y cuando mete un gol con un remate muy potente, "fusiló" al arquero. Cristina no estaba jugando al fútbol. Pero igual jugó: con sus propios argumentos y con la memoria de los desaparecidos. Y los secuestró y los fusiló... o al revés.

Cristina, rica en su riqueza y pobre en su pobreza

El viernes último la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un plan social para hacer frente al desempleo. Más allá de que el programa va en la línea histórica de preservar el clientelismo (será a través de los intendentes) y que, en un principio, va a estar enfocado sólo en el Conurbano, el principal problema fueron las palabras de Cristina. Fueron pobres.

En primer lugar, en momentos en el que el tema de la pobreza volvió a estar en la agenda pública y mediática, la Presidenta aseguró que "el problema no es la pobreza, sino la inequidad social". Una vez más, apela a lo discursivo para confundir, para esquivar los problemas. Cristina no puede ignorar que el problema ES la pobreza. El combate de la pobreza, indefectiblemente, va a mejorar los niveles de inequidad. ¿O es preferible que seamos todos pobres pero sin inequidad social? Argumento pobre.

Por otra parte, después de seis años de gobierno kirchnerista, con tasas de crecimiento nunca antes vistas en el país, que la diferencia entre ricos y pobres sea igual o mayor refleja que no se puso demasiado énfasis en corregir ese problema. Y el Indec dejó de publicar las estadísticas que miden la inequidad. El engaño, sin dudas, es síntoma de pobreza.

En el discurso, Cristina también dijo que "hay gente que pide un listado de pobres, pero nunca nadie pide un listado de ricos". La AFIP, por los aportes, puede saber tranquilamente cuántos ricos hay (salvo por aquellos que evaden y es difícil catalogarlos). Pero la duda es, ¿el problema es la pobreza o la riqueza? Está claro que los que más tienen son los que más tienen que aportar para poder hacer frente a la pobreza, y en consecuencia, a la desigualdad. Pero el enfoque tiene que estar puesto en los pobres. Una vez más, un discurso populista para desligar responsabilidades.

Pero por sobre todas las cosas, hay que preguntarse dónde cree que está parada la Presidenta. ¿Se incluiría en el listado de ricos? Tiene 46 millones de pesos de patrimonio declarados. Esa es su riqueza, que creció 158% en sólo un año. Mientras miles pasaron a engrosar los índices de pobreza, ella y su marido se sumaron (o se mantuvieron) en los de riqueza. La hipocresía es la mayor de las pobrezas.

Así es Cristina, rica en dinero, pero muy pobre en lo que realmente vale. Es rica en su riqueza y pobre en su pobreza.

El Che y bolivariano Grondona

Gran ilustración realizada por mi amigo el Sr. Enie, autor del blog El Hignorante.

Viene a colación con la entrada anterior.

Un remedio peor (o igual) que la enfermedad

La política y el fútbol siempre estuvieron fuertemente ligados. Y por estas horas esa relación está en franco ascenso. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió romper el contrato que tenía hasta el 2014 con TSC para la televisación de los partidos. Esa empresa pertenece a TyC y al Grupo Clarín. Detrás de todo está el Gobierno, que decidió apoyar a Julio Grondona (histórico y polémico presidente de la AFA) y por estas horas se haría cargo de la TV futbolera. Para esto, el Estado va a desembolsar 600 millones de pesos por año. La novedad tendrá un beneficio para todos: los partidos serían vistos de manera gratuita en todo el país.

Un par de puntos para analizar:

• La plata que gastará el Estado seguramente se recuperará, pero como todo negocio e inversión, se corren riesgos. Además, la corrupción e ineficacia estatal hace dudar de que los beneficios lleguen a las cuentas públicas.

• ¿Quién va a pagar el multimillonario juicio que la AFA va a tener que afrontar? De los 600 millones del primer año, 300 se los queda el Estado para saldar deudas de los clubes. ¿Los años siguientes también se quedarán con 300 millones para saldar la indemnización? (Hoy el contrato es de 248 millones)

• ¿Por qué hace unos años Kirchner se quiso llevar puesto a Grondona y ahora se asocia?

• ¿Cuánto tiene que ver la guerra del Gobierno con Clarín? El Grupo pierde un millonario negocio, que incluye la plata que le ingresaba a TSC por la venta de derechos y la plata que los operadores de cable (también de Clarín) recibían por venta del servicio y publicidad. Recordemos que uno de los aspectos principales de la campaña del Gobierno por la ley de radiodifusión estaba centrado en el fútbol.

• ¿Por qué una medida de semejante magnitud se toma de manera inconsulta, en una semana y sin tener un análisis pormenorizado de cuáles son las mejores opciones?

• ¿Por qué tan facilmente se rompe un contrato que había sido firmado hacía dos años, todo gracias a Grondona, que ahora aparece criticándolo?

Todos, menos Grondona y sus secuaces, critican hace años el monopolio que TyC y Clarín tienen en el fútbol. Era un grave problema, al que había que encontrarle una solución. Y la política tenía que meterse en una cuestión de este tipo, para encontrar una solución. Pero una vez más los Kirchner imponen soluciones sin medir las consecuencias.

Todos, o la mayoría, sostenían que el sistema de las AFJP era nefasto y que había que modificarlo. El Gobierno necesitaba recursos y encontró ahí una importante caja. Apeló al discurso ideológico, de la necesidad de que el Estado recupere el manejo del sistema previsional, y cambió todo en menos de un mes. Sin ver, claro está, si se podía hacer algo mejor. Ya hay analistas que sostienen que el sistema previsional volverá a traer problemas dentro de unos años.

Todos, o la mayoría, sostenían que Aerolíneas Argentinas tenía que seguir existiendo como línea de bandera nacional. El Gobierno apeló al discurso del valor social y de integración de AA y la expropió. Hoy AA le cuesta unos 10 millones de pesos por día al Estado y los antiguos dueños, que la vaciaron (con el visto bueno estatal), ya respiran aliviados porque se sacaron un peso de encima.

Todos, o la mayoría, sostenían que el monopolio de la TV del fútbol (y de Grondona) se tenía que acabar. El Gobierno encontró ahí la posibilidad de atacar a su archienemigo: Clarín. Y vende su estrategia desde el lado ideológico de que el fútbol debería ser libre y gratuito para todos (algo que nadie puede rechazar). Obviamente, sin analizar (también en el Congreso), cuáles eran las mejores opciones para que la gente, los clubes y el Estado salgan mejor parados. Una vez más, Kirchner piensa más en sus intereses que en los de la sociedad. Una vez más, Kirchner propone un remedio que puede ser peor (o por lo menos igual) que la enfermedad.

Ojalá me equivoque. Pero un pacto entre Kirchner y Grondona no me inspira confianza.