Un acierto que esconde desaciertos

Ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a Hugo Moyano y Luis D'Elía que cancelaran el acto que estaban preparando para el viernes 20 de noviembre, en defensa "del gobierno popular" y del "modelo sindical".

Fue un acierto de Cristina la decisión. El acto sólo iba a servir para acrecentar el nivel de discusión y confrontación que hay hoy en la calle. Y además ningún beneficio le iba a representar al gobierno una marcha encabezada por Moyano y D'Elía, dos de los dirigentes con peor imagen.

Sin embargo, la argumentación que esgrimió la presidenta no es más que repudiable. Su defensa a la corporación sindical vigente en el país desde hace décadas deja en evidencia una ideología contraria a la que se expresa como de defensa de los trabajadores. Al decir que los sindicatos “han sido el ejemplo de resistencia y de unidad de lucha por los derechos de los trabajadores” parecería olvidarse de la lucha de ella y mucho de los que hoy son kirchneristas en contra de la burocracia sindical. Es cierto, como dice ella, que hay sindicatos con buenos hospitales, o buenos hoteles para sus afiliados, pero también es cierto que estos sindicatos crean mafias, como la de los medicamentos. Es cierto, como dice ella, que los gremios consiguieron beneficios para los trabajadores, pero también es cierto que hoy tenemos sindicalistas ricos y trabajadores pobres.
“Por eso es importante saber que en la unidad del movimiento obrero, en su fortaleza - no en su división - está precisamente una de las claves para poder lograr mejores condiciones de vida y lograr trabajo los que aún no lo tienen”, concluyó Cristina. Una frase que no tiene nada de casual, justo cuando se recrudece la lucha de sectores que pugnan hace años por conseguir su personería gremial, algo que permitiría terminar con otro de los monopolios que hay en el país: el de la CGT.

ADN: Algunas precisiones para saber qué discutimos

Les dejo aquí una nota de opinión publicada hoy en el Diario Crítica por la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano. Para quien no la conoce, tiene una larga experiencia en la defensa de los derechos humanos, en especial en el tema de la trata de personas.

El miércoles pasado se trató en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho proyecto tiene por objetivo habilitar la extracción/obtención compulsiva de ADN de presuntas víctimas. Pero no se trata sólo de presuntas víctimas de supresión de identidad o de supresión de identidad como consecuencia de crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, al ser un agregado al Código Procesal Penal, abarca la obtención de pruebas de todo tipo de delitos. Por tanto, se produce aquí una primera confusión en los términos del debate que hay que despejar: el proyecto no refiere ni acota el universo a las víctimas de desaparición forzada.

Pero existe una segunda confusión también sumamente importante. Y es que el proyecto sí posibilita al juez extraer compulsivamente a la víctima su ADN. Esto queda establecido en el quinto párrafo cuando dice “a tal efecto, si la víctima se opusiera a las medidas indicadas en el segundo párrafo, el juez procederá preferentemente del modo indicado en el cuarto párrafo”, es decir, obtención por requisa personal y allanamiento de morada para conseguir una prenda o artículo de uso personal en el que puedan haber quedado muestras de ADN de la presunta víctima. Al decir preferentemente, lo que se está diciendo es que queda a criterio del juez cómo va a obtener el ADN, y no a voluntad de la víctima. Así, si la víctima se opone, el juez puede obligarla o bien a que se saque sangre (extracción), o bien a que le entregue una prenda íntima (obtención). En ambos casos, ante la negativa de la presunta víctima, se está habilitando siempre el uso de la fuerza y la intervención para ello de alguna de las fuerzas de seguridad, quizás hasta de las mismas instituciones que secuestraron a la víctima o a sus padres.

Así como sostengo que el Estado tiene la obligación de administrar justicia, entiendo –y en esto diferimos con el proyecto del Poder Ejecutivo– que no debe hacerlo a cualquier precio ni de cualquier modo. Mucho menos cuando el costo lo va a pagar la víctima.

Nadie duda de que aquí hay muchas víctimas: la persona que fue secuestrada, la persona a quien se le sustituyó su identidad y, por supuesto, los familiares biológicos que buscan a sus seres queridos. Es evidente que esto genera una tensión y confronta derechos. Pero no podemos caer en el simplismo de creer que un agregado a un código resuelva esta tensión. Mucho menos podemos olvidar que nuestra decisión va a afectar a personas que no son sólo una muestra de ADN. Son seres humanos que sienten, como todos nosotros. Entonces pregunto, para buscar la verdad, para saber dónde están nuestros seres amados, ¿lo único que podemos hacer es enfrentar a víctima contra víctima? Obligar a que una víctima que no quiera sacarse sangre deba tolerar ser apresada por las fuerzas de seguridad o violentada en su casa mediante un allanamiento ¿es la mejor forma que tenemos para poder llegar a la verdad? Espero que no sea así y que recordemos que el derecho a la identidad es eso: un derecho y no una obligación. Y en tanto derecho y no obligación, nos asiste, como seres humanos, la decisión de querer saber quiénes somos o no quererlo.

Mi compromiso con la defensa de los derechos humanos es inclaudicable y, a riesgo de equivocarme, entiendo que no aceptar que el Estado pueda convertirse en dueño de lo más íntimo que tenemos como personas (que no es sólo el ADN sino nuestra voluntad), más que contradecir mi compromiso lo refuerza. Y como ya lo he dicho en muchas oportunidades, no podemos seguir sosteniendo que los problemas que tenemos como sociedad se resuelven con agregarles o quitarles letras a los códigos. Se necesita mucho más que eso, y espero que así lo entendamos alguna vez todos los que luchamos en contra de las violaciones a los derechos humanos.

Re-formar la política y re-formar los políticos

Por estos días el tema principal que ocupa a los políticos es la reforma política. Una reforma que es necesaria, para mejorar el sistema político y electoral que reina en el país. Pero es necesario que esa necesaria reforma sea profunda, consensuada y logre perdurar en el tiempo. Porque sino, como todos los últimos cambios que se hicieron en la materia, termina siendo para una conveniencia coyuntural de uno o unos. Y en este caso, como los últimos temas importantes que se "debatieron", todos dicen que "es necesario una reforma", pero no se ponen de acuerdo ni en los cómos ni en los cuándos.

¿Porqué hay que reformar? Porque es necesario transparentar las elecciones y para ello las propuestas de boleta única y de una autoridad electoral independiente son un buen paso. Ninguna de ellas está en el proyecto oficial. Porque es necesario fortalecer el sistema de partidos, logrando que las agrupaciones políticas vuelvan a reconciliarse con la sociedad, representando cada una a los diferentes sectores de la sociedad. Para esto hay mil opciones, que deben debatirse con profundidad y lograr los máximos consensos. Las primarias abiertas para seleccionar candidatos y la igualdad en la distribución de espacios publicitarios en la campaña pueden ser un buen paso. Ambos están en el proyecto oficial, que debería incluir regulaciones claras para la publicidad oficial en ese período. Y también porque es necesario reducir el número de partidos, pero respetando a las minorías y eliminando los sellos de gomas o pymes electorales. Hay muchos partidos que sólo funcionan para recaudar plata del Estado. Sus dueños se los "alquilan" a candidatos que necesitan de un partido para presentarse en la elección y se quedan con los fondos estatales. Para esto, hay que buscar mecanismos para poder diferenciar los sellos electorales de los partidos chicos. El número de afiliados, sin duda, no es la mejor opción. Y más aún cuando hoy en día la sociedad tiene nuevos vínculos con los partidos: se puede ser más representantivo que otros, pero con muchos menos afiliados.

De hecho, una reafiliación obligatoria para todos los partidos, como proponen muchos, demostraría que hasta las grandes estructuras como el PJ y la UCR tendrían muchos menos afiliados que en la actualidad.

Pero lo más importante de la reforma política es que se reformen los partidos y los políticos. Que tengan proyectos a largo plazo, que tengan cuadros valiosos por sus conocimientos y capacidades y no por su imagen mediática, que cumplan con lo que se propone en la campaña, que sepan que la rotación en el poder es beneficiosa porque obliga a unos y otros a buscar superarse, que puedan arribar a consensos en temas claves con otras fuerzas, que tengan grandes líderes pero que no dependan de una persona, que tengan una ideología clara que no vaya cambiando según los gobiernos. Y sobre todas las cosas, que no roben o sean complices de la corrupción.

ADN, un debate para pensar y opinar

La semana pasada un fuerte debate, con duras declaraciones, se inicio a raíz de un proyecto que establece la extracción compulsiva de sangre para análisis de ADN en la búsqueda de la identidad. Es una iniciativa impulsada desde hace años por las Abuelas de Plaza de Mayo para poder saber si determinados jóvenes, que se reniegan a hacerse los análisis, son hijos de desaparecidos. Hoy en día, ese proyecto esta siendo motorizado por el kirchnerismo.
El caso que sirvió como sostén de esta idea es el de los hijos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Pese a que se sospecha que son hijos de desaparecidos, apropiados por la dictadura y entregados a la familia del clarinete, ellos no quieren someterse al estudio.
Elisa Carrió fue la primera que salió a criticar la medida. La calificó de fascista por vulnerar los derechos de los jóvenes en cuestión. Los grupos de derechos humanos le respondieron que ella era la fascista, por impedir el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, como la apropiación de bebes. Más tarde, otros juristas, como el ex fiscal del juicio a las juntas, Julio César Strassera, salieron a respaldar la postura de Lilita.
Mas allá del bajo nivel del debate, donde unos y otros se acusan de fascistas, el tema es interesante. Son las cuestiones de fondo que los dirigentes tienen que poder definir: ¿se privilegia el derecho a la integridad de cada ser humano o se privilegia la búsqueda de la verdad y la justicia a cualquier precio? Yo me inclino por la primera opción, porque el argumento de la segunda podría llegar a jusificar cosas mucho más complicadas, como la tortura. Sin embargo, estoy abierto a la discusión y a escuchar posiciones. A debatir, que hace bien. Pero sin descalificaciones.

Un presupuesto sin supuestos

Mientras los políticos siguen hablando de la ley de medios y ahora se aprestan a debatir una reforma política, el tratamiento del presupuesto para el año próximo está pasando (o paseando) por el Congreso.
La semana pasada, en Diputados se aprobó el proyecto de Presupuesto 2010. Por primera vez en el kirchnerismo se logró sin realizarle ninguna modificación. Los diputados no encontraron nada para aportarle a la iniciativa del Gobierno. Ahora empieza el turno del Senado. Allí están los representantes de las provincias, que fueron son y serán perjudicadas por el Gobierno en el reparto de los fondos.
El diputado radical Miguel Giubergia, durante la sesión, recordó a Juan Bautista Alberdi, quien sostenía que “el presupuesto es el barómetro que señala el grado de buen sentido y de civilización de un país. La ley de gastos nos enseña si el país se halla en poder de explotadores o está regido por hombres de honor, si marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento”. En los últimos años ese análisis es imposible de realizar. Entre los superpoderes, las facultades delegadas del Legislativo al Ejecutivo y las consecuentes modificaciones presupuestarias que realiza el Gobierno, los supuestos gastos que previó el presupuesto quedaron en el olvido.
Un ejemplo de la falta de previsión al armar el presupuesto es que el Gobierno ya esté hablando de ampliar las asignaciones familiares a los hijos de desocupados y los trabajadores informales (mientras la oposición plantea universalizar el reparto por hijo). De implementarse cualquiera de las dos opciones, se trataría de un plan estratégico que debería estar contemplado en cualquier presupuesto. Pero una semana después de aprobarlo en Diputados, ya se está hablando de que sería necesario hacer modificaciones presupuestarias.
Las promesas de obras incumplidas es otro caso que hace del presupuesto una norma vacía. Año tras año el Ejecutivo promete una serie de grandes obras a realizarse en varios años. Pero año tras año esas obras aparecen y desaparecen del presupuesto, no reciben fondos o aumentan su presupuesto de manera sospechosa.
Así, el presupuesto deja de lado su esencia para ser un mero maquillaje, una ley con anexos que muestran como se va a distribuir el dinero entre las diferentes áreas del Estado. El presupuesto es la norma más importante de todas, ya que direcciona las políticas de un gobierno. Hermes Binner, en una entevista con Perfil, dijo: “Cada vez tenemos más desconfianza, porque con el tema de los superpoderes el presupuesto dejó de ser un hecho confiable para ser un hecho anecdótico”. Este año no aparenta ser la excepción, y el presupuesto, una vez mas, no va a dejar supuesto nada.

Hay ley, ¿habrá ley?

El Senado transformó en ley el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Gobierno, más conocido como ley de medios. ¿Es algo bueno o malo? ¿Es lo mejor o lo peor? ¿Es una ley democrática y desmonopolizante o autoritaria? ¿Es un triunfo porque se supera un escollo de la dictadura o es una derrota porque atenta contra la libertad de prensa? ¿Ganó el Gobierno y perdió Clarín? ¿Y el resto de los argentinos a qué jugamos?

Así se podría describir lo que fue el debate de esta ley. Sin matices, sin búsquedas de consensos, y con posturas extremas. El equilibrio nunca logró ponerse de pie. Y no sólo de los políticos, sino también de la gran mayoría de los que se sumaron al debate.

Desde un principio se dio una puja maniquea, era blanco o negro, bueno o malo. Estabas a favor de democratizar los medios o estabas a favor de los grandes grupos económicos. Estabas a favor de la libertad de expresión o estabas a favor de los que quieren controlar a los medios. Y el Gobierno y Clarín dieron lugar a que ese fuera el juego. Cómo trataron el tema fue patético e indefendible. Unos por la cerrazón total a dar un debate serio y profundo, donde el proyecto podía ser mejorado sustancialmente. Los otros por dejar en evidencia que hacen periodismo cuidando sus intereses; de golpe se dieron cuenta de todas las falencias y corruptelas kirchneristas.

Ambos mintieron y engañaron. Ambos son merecedores de profundas críticas. Pero en este punto el Gobierno pierde por varios puntos, porque mintió y engañó en nombre del Estado. Llevándolo a un extremo: Así como en la dictadura se puede decir que existía el terrorismo de las guerrillas, el terrorismo de Estado era mucho más nefasto aún. Por eso, el "engaño de Estado" es más peligroso, por la responsabilidad que tiene quien ejerce la administración del mismo.

Ahora bien, en el ámbito político, también la oposición equivocó el rumbo. Desde un principio se plantó en un No, previendo intenciones autoritarias de Kirchner en todo esto, cuando en realidad gran parte de la oposición quería que se vote una nueva ley de radiodifusión (incluso sufrieron el ninguneo de los K a proyectos que se habían presentado con anterioridad). Distinto es decir "No, esto no nos gusta, no lo votamos" a decir "Sí, queremos una nueva ley, tengamos esto de base, pero hagámosle buenas modificaciones". Como mínimo, achicás las distancias de las posiciones extremas. Además, los discursos apocalípticos tampoco sirven para lograr consensos. Los Kirchner pueden ser peligrosos, y de hecho esta ley puede ser peligrosa, pero la realidad es que con la ley actual, con un Comfer intervenido, podían hacere muchas de las cosas que se dice que van a hacer ahora.

¿Cuál es el resultado? Tenemos una nueva ley, que tiene algunos puntos oscuros y muchos otros que son incongruencias. Como por ejemplo que un artículo habla de la revisión bianual, que el propio oficialismo lo vendió como revisiones cada dos años. Sin embargo, en el debate una senadora hizo notar que bianual significa dos veces en un año, por lo que debería decir bienal... El kirchnerismo no quiso saber nada con arreglarlo. Un cambio significaba que el proyecto volvía a Diputados, lo que muchos hubiesen leído como una derrota K.

Pero sobre todo tenemos una nueva ley que va a desfilar por los pasillos de los tribunales, con denuncias de todo tipo. Hasta el punto tal de que algunos estiman que la norma puede llegar a no se aplicable. Sería un fracaso de la democracia, que demostraría que no puede hacer una ley consensuada, que perdure en el tiempo. Y sobre todo buena, porque lo que dejó este tema es la decepción de otra oportunidad perdida: se podría haber hecho una ley ejemplar y se terminó aprobando un mamarracho que, encima, puede quedar en la nada.

Piquete y cacerola, ¿la lucha es una sola?

En el 2001, pleno estallido social, las marchas de piqueteros encontraron el apoyo de sectores de clase media, que habían empezado a utilizar sus utensilios de cocina para hacerlos sonar. "Piquete y cacerola, la lucha es una sola", cantaban.

Tiempo después las condiciones económicas mejoraron y las cacerolas volvieron a su hábitat natural. Los piqueteros que siguieron piqueteando (algunos con mayor justificación que otros) perdieron el apoyo de esas clases medias, que veían vulnerado su derecho a la libre circulación.

Hoy, por el conflicto en la ex Terrabusi, estamos ante un recrudecimiento de ese método de protesta. Y también hay algunos sectores, o barrios, con la cacerola lista para hacerla repiquetear en cualquier momento. ¿Están en la misma sintonía? Difícil.

Unos reclaman por la preservación de fuentes de trabajo. Y consiguieron el respaldo de diversos sectores, en especial de movimientos de izquierda acostumbrados a plegarse a este tipo de protestas.

Los otros empezaron a salir en el conflicto del campo. Vale decir que no se quejaban de los cortes de ruta como se quejan ahora de los de calle. Reclaman por las políticas y actitudes que toma el Gobierno. Y en muchos casos recibieron el acompañamiento de lo más reaccionario de la sociedad, aquellos que piden por la democracia pero no ven la hora de que Cristina deje el sillón presidencial antes de tiempo.

La lucha claramente no es una sola. En la Argentina falta mucho para que haya una solidaridad entre sectores con diversos intereses. Pero en la actualidad hay un factor de riesgo: crecimiento de la conflictividad laboral y social más un profundo desgaste de la imagen del matrimonio presidencial. El problema se puede dar cuando algunos grupos quieran seguir fogoneando los piquetes para generar una mayor conflictividad social y que en algún momento la lucha termine siendo una sola. El objetivo oculto no sería buscar soluciones para unos y otros, sino generar inestabilidad. Una situación que hay que evitar.