LA FRASE

La frase de la semana: "Pareciera que a los ministros les bajaron la palanca y no piensan más". Roberto Lavagna.

martes, 29 de enero de 2013

Sin épica y en el peor de los mundos

(Pubicado en Diario Inédito)

Todo lo que está relacionado al presidente iraní, Mahmud Ahjmadinejad, me cae mal. Será porque soy judío (aunque hay otros que parecen ser más contemplativos), será por mi forma de pensar, o será simplemente por una cuestión de química. Pero alguien que niega sistemáticamente el holocausto, pide la eliminación de Israel y el sionismo, y ampara a grupos terroristas como Hamas o Hezbolla merece mi más firme rechazo. Ahora bien, ¿cómo analizar el entendimiento firmado entre su gobierno y el nuestro despojándome de estos sentimientos? Ahí va un intento.

“Justicia, justicia perseguirás”, rezan los textos tradicionales del judaísmo. Y ese es el principal interés de todos los que levantamos la bandera de la causa AMIA. Justicia y Memoria. Si el acuerdo con Irán permite avanzar en ese sentido, bienvenido sea. La crítica de que la Argentina pierde soberanía al permitir que los interrogatorios se hagan en Teherán debería quedar de lado si la Justicia prospera. Dignificaría al país que ese nefasto capítulo se pueda cerrar con Justicia. Además, si el acuerdo era que se los juzgue en un tercer país, también se podría haber dicho que se perdería soberanía.

Sin embargo, nada indica que el entendimiento con Irán permita llegar a ese final “feliz”. El gobierno iraní viene negando que la Justicia argentina pueda interrogar y juzgar a los principales acusados de ser los autores intelectuales (y financieros) del atentado. La Interpol, conformada por 190 países, aprobó los pedidos de captura luego de analizar las presentaciones que hizo la Argentina. Es decir, la investigación tiene un respaldo internacional de peso. La creación de una Comisión de la Verdad no sólo pone un manto de duda sobre lo realizado por la Justicia argentina sino también sobre el aval que dio este organismo.

Por otro lado, esa Comisión, conformada por supuestos prestigiosos juristas internacionales, va a poder dar recomendaciones, pero no va a tener carácter determinante. Es decir, el gobierno iraní podrá volver a desconocer su resolución, como viene haciendo hasta ahora en todo lo relacionado al caso.

Por último, parecería ser difícil que cuando se sienten en los interrogatorios los acusados acepten sus responsabilidad en los hechos (¿estarán obligados a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?). Y entonces surge una pregunta crucial: ¿De qué sirve interrogarlos si no hay garantías de después poder juzgarlos?

¿Qué provecho puede sacar la Argentina de esta negociación entonces? A simple vista, ninguna. A lo sumo seguir manteniendo un superávit comercial con Irán, pero parece una cuestión menor si se la compara a la necesidad de obtener justicia. “Jamás permitiremos que la tragedia AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos”, tuiteó Cristina Kirchner. La interpretación es que no se permitirá que lo usen otros, pero que sí la Argentina puede utilizar la tragedia como pieza de ajedrez. Es lo que hace el gobierno al alejarse de lo que pretende Estados Unidos y parte de la Unión Europea, y acercarse a las posiciones más contemplativas con Irán que tienen potencias como China y Rusia (en sintonía con la postura que en América Latina tienen Venezuela y Bolivia).

¿Qué provecho puede sacar Irán de esta negociación entonces? A simple vista, todo ganancias. Se muestra abierto a resolver un problema, a pesar de que hasta ahora no hizo nada al respecto. En tiempos donde parte del mundo occidental lo presiona para que frene sus intentos de proliferación nuclear se muestra negociando con un importante país latinoamericano, que como si fuera poco forma parte del G20. En el medio, gana tiempo para intentar reposicionarse “en el tablero de intereses geopolíticos”. Y, como si fuera poco, la historia podría terminar con que la Comisión de Verdad no concluya lo mismo que la Justicia argentina, por lo cual toda la investigación podría ser puesta en duda.

En conclusión, la épica con la que Cristina intentó presentar el acuerdo podría terminar en el peor de los mundos. No sólo sin justicia, sino que con retrocesos. Y todo esto quitando del análisis que se está negociando con Ahjmadinejad. “Pero este año termina su mandato y no puede volver a ser reelecto”, me podría criticar alguien. Es cierto. Como también lo es que dos de los acusados por el atentado son candidatos a sucederlo.

lunes, 21 de enero de 2013

Siete dirigentes ponen en juego su futuro presidencial en las elecciones legislativas

(Diario Perfil, 20/1/13)


El mundo político tiene todas sus miras puestas en las elecciones legislativas de este año. Sin embargo, todas las decisiones se tomarán con un objetivo claro: quedar posicionado de la mejor manera posible de cara a las presidenciales de 2015. En ese sentido, hay por lo menos siete dirigentes que se juegan gran parte de su destino político en la inminente campaña electoral.
En el peronismo se viven tiempos convulsionados. Existe una creencia casi generalizada de que las chances de que el kirchnerismo logre modificar la Constitución son escasas y que, por ende, Cristina Kirchner no tendría posibilidades de volver a ser electa presidenta. Así, los peronistas están empezando a organizarse con el objetivo puesto en 2015, y parte de esos movimientos podrían empezar a darse en esta elección.
La propia Cristina se juega en las legislativas la posibilidad de mantener una cuota de poder importante, que le permita tener voz y voto en la definición de su eventual sucesor. Un mal resultado, en cambio, la dejaría herida. Los peronistas que caigan mejor parados, en ese instante, darán inicio a la larga carrera para quedarse con la candidatura más preciada.
En ese contexto, Daniel Scioli y Sergio Massa aparecen como dos figuras de peso que se juegan en estas elecciones gran parte de sus aspiraciones para 2015. El gobernador bonaerense ya admitió sus intenciones de ser presidente pero, a pesar de que eso le valió la reprimenda de muchos kirchneristas, sigue jugando adentro del esquema de poder. Hay quienes especulan, sin embargo, con que le convendría romper en esta elección para adelantar la separación.
El intendente de Tigre, sin embargo, también podría dar una sorpresa. Primero debería confirmar si será candidato a diputado. Y luego si lo hará con el kirchnerismo o en su contra. Esta última opción pondría en una situación incómoda a Scioli, que podría perder terreno por quedar cerca de Cristina más tiempo. Massa suena como eventual candidato a gobernador en 2015, pero un buen resultado en la provincia más importante del país, y sobre todo si es en contra de un kirchnerismo todavía con poder, lo habilitaría a imaginarse algo más.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, es el otro peronista que ya avisó que quiere ser presidente, aunque las encuestas todavía lo muestran lejos. Cómo queden posicionados los jugadores después de las elecciones le indicará a De la Sota si tiene margen para tirarse al ruedo o no. Mientras tanto, deberá revalidar su poderío en Córdoba, ganándoles a todas las fuerzas que se le oponen, incluido el kirchnerismo.
Dentro del oficialismo hay otros gobernadores que también tienen aspiraciones presidenciales, aunque todavía no lo expresaron públicamente. Amplios triunfos en sus provincias los dejarían bien parados.
En la oposición, por otra parte, también empezarán a definirse las candidaturas 2015 en 2013. Mauricio Macri y Hermes Binner son los que hoy aparecen mejor posicionados; sin embargo, deberán revalidar títulos en la legislativa. Al jefe de Gobierno porteño se le suele criticar por no tener una estructura nacional. Por ello, deberá demostrar en estas elecciones buenos resultados, por lo menos en los grandes distritos (algo que lograría en Capital y Santa Fe). Esa realidad lo lleva incluso a no descartar ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
Binner, en tanto, será candidato a diputado en Santa Fe. Necesita ganar, con autoridad, para que su candidatura presidencial se mantenga a flote hasta 2015. Un paso en falso lo dejaría debilitado.
El radicalismo, mientras tanto, no tiene en la actualidad un dirigente que se posicione como candidato presidencial indiscutido. Julio Cobos, uno de los que saldrán a la cancha en 2013, es el que mejores posibilidades tiene. Será candidato a diputado en Mendoza, y una importante victoria volvería a darle notoriedad.

Clarín ya activa el plan B para frenar la Ley de Medios

Busca tener alternativas judiciales por si la Corte le da la razón al Gobierno. La disputa amenaza con volverse interminable. El Grupo mantuvo en secreto la estrategia.

(Diario Perfil, 20/1/13)
(La multiplicación de causas abrió una polémica judicial)

Estrategas. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, junto al
 abogado del Grupo, Damián Cassino.

La pelea judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede terminar convirtiéndose en una suerte de historia sin fin. Lejos de la fantasía de la película infantil homónima, los abogados del multimedios presentaron una nueva denuncia, esta vez en Mar del Plata, con un claro objetivo: seguir frenando los artículos de la ley que más lo perjudican.
De prosperar, esta presentación correría por otro andarivel de la causa “principal”, que está actualmente en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que podría terminar en la Corte Suprema a mitad de año (ver aparte).
A fines de noviembre, con la incertidumbre del 7D a cuestas, Cablevisión presentó una medida de no innovar ante el juez Alfredo López, con sede en la ciudad balnearia. El magistrado se declaró incompetente, al sostener que el mismo objeto estaba siendo tratado en otra jurisdicción. La empresa apeló y los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, a pesar del dictamen contrario del fiscal general Daniel Adler, rechazaron esa interpretación.
El fiscal, en su dictamen, aseguraba que había una similitud entre ambas causas, basado en que Cablevisión es parte del Grupo Clarín y que ambas presentaciones sostienen perseguir “la conservación en toda su plenitud (…) de las licencias” de Cablevisión.
Los camaristas, sin embargo, rechazaron esa lectura y aceptaron el argumento de la empresa de que persigue finalidades distintas. En este caso, sostiene Cablevisión, no está pidiendo por la constitucionalidad de algunos artículos, sino que busca “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.
Ahora, el fiscal evalúa apelar esta decisión, por lo que terminaría siendo la Corte Suprema la que definiría si son dos causas separadas o una sola. Desde el Gobierno interpretaron que la presentación buscaba ser un respaldo del Grupo ante la caída, el 7D, de la otra medida cautelar. Ahora, sin embargo, creen que puede ser una estrategia de Clarín para buscar fallos a su favor y seguir poniendo trabas a futuro. Y no descartan que se hayan hecho presentaciones similares en otros lugares.
Fuentes vinculadas al multimedios reconocieron la existencia de la causa, pero guardaron un fuerte hermetismo respecto de su contenido. Simplemente reconocieron que “no tiene nada que ver con el reclamo de inconstitucionalidad”. Otra voz de la empresa aseguró desconocer que haya una estrategia en ese sentido y expresó tenerle “fe al desarrollo de la causa principal”.
Sin embargo, otra fuente, indirectamente vinculada a Clarín, reconoció que se vienen iniciando demandas en distintas jurisdicciones, pero todas con motivaciones distintas. En algunos casos, explicó, no se trata de presentaciones de la empresa sino de empleados, asociaciones de consumidores o vecinos afectados.
Ya existe otra causa, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial, que también frenaría la desinversión de Clarín. Es la que busca evitar el cierre de Fibertel (que resolvió el Gobierno en 2010). Esa decisión fue frenada por el juez Roberto Torti, quien también comunicó a la Afsca que las redes de Cablevisión y Fibertel no se pueden dividir.

miércoles, 16 de enero de 2013

La mayoría de los gobernadores se niega a dar a conocer su riqueza

Sólo siete exhibieron su declaración jurada. Algunos mandatarios enfrentan denuncias por enriquecimiento. Hay provincias donde la ley aún no los obliga a publicitar sus bienes.

También ver "Intendentes ricos en un Conurbano pobre" o la nota completa publicada en 2010.

El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.
El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.
La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.

En negro. Sobre 17 provincias fue imposible tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Cruz), PERFIL insistió por diversas vías pero no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna respuesta.
Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento patrimonial. En Tucumán todavía no existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6 millones. En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.
Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios. Para el gobierno de Scioli, al parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar la hará pública”.
Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos PERFIL se comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.
La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.

Números. De las presentaciones a las que tuvo acceso PERFIL se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $ 61 millones de patrimonio. Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.
El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón.
Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.
En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo tras su divorcio (-38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.