LA FRASE

La frase de la semana: "Pareciera que a los ministros les bajaron la palanca y no piensan más". Roberto Lavagna.

jueves, 18 de octubre de 2012

El costo del relato: 7.743 millones



El gasto que el gobierno de Cristina Kirchner destinará a cuestiones vinculadas a los medios alcanzará este año la suma de 7.743 millones de pesos. Esa cifra, que surge del análisis del proyecto de Presupuesto 2013, representa un aumento del 33,5 por ciento comparando con el presupuesto que se había fijado para el año en curso.
El análisis reúne diferentes aspectos de los que hace uso el kirchnerismo para desarrollar su estrategia mediática, desde partidas destinadas directamente a la difusión de los actos de Gobierno hasta la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta, pasando por el Fútbol para Todos o las partidas para el funcionamiento del Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual).
Para algunos opositores, todas estas partidas, en mayor o menor medida, están destinadas a sostener la difusión del tan mentado relato. Para los kirchneristas, en cambio, es el esfuerzo que se debe realizar para hacer frente a lo que Cristina denominó como “la cadena nacional del desánimo”.
Distintos ítems del Presupuesto 2013 distribuyen los recursos que el Gobierno utilizará para hacer publicidad de los actos de gestión. La partida “oficial” es la que está bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación Pública, que funciona en la Jefatura de Gabinete. Para 2013 tendrá, de no mediar modificaciones presupuestarias, 753 millones de pesos.
Sin embargo, la ley de leyes esconde fondos con el mismo fin en otras dependencias. En la Anses, por ejemplo, hay 483 millones de pesos reservados para utilizarlos en “Publicidad y propaganda”. Pero en la reseña de las tareas que realizará la Anses no se hace referencia a la difusión como uno de sus objetivos.
El Fútbol para Todos, que en los hechos funciona como una tribuna proselitista para el Gobierno, también verá crecer exponencialmente sus recursos. Tendrá 1.201 millones de pesos, un 72 por ciento más que lo presupuestado para 2012.
La agencia estatal Télam, además de funcionar como un portal de noticias afines al kirchnerismo, también es utilizado para pagar pauta publicitaria del Gobierno. En el Presupuesto no aparecen desagregados los recursos que recibe: figura en la jurisdicción “Obligaciones a cargo del Tesoro”
Allí se destinan 3.300 millones de pesos para las empresas públicas del sector, que incluyen, además de Télam, a Radio y Televisión Argentina SE, y a radios y canales de universidades.
Una de las partidas que más aumenta es la de “Acciones para la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta”, que crecerá 138% para llegar a 268 millones.
Se trata de un sistema que por ahora solamente está transmitiendo señales de grupos afines al Gobierno.

miércoles, 17 de octubre de 2012

¿Eternizar por decreto?

Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, aseguró que le gustaría que "se eternicen las políticas del Gobierno". Aclaró que no está pensando en una reforma constitucional, sino en que trasciendan en el tiempo algunas medidas aplicadas por el kirchnerismo. La gran duda, entonces, es por qué la Asignación por Hijo, uno de los emblemas de los últimos años, sigue estando avalada por un decreto de necesidad y urgencia. Larroque es diputado, pero nunca presentó un proyecto de ley para que se transforme en ley, una manera de darle un sustento legal mucho más trascendental. Para cambiar un decreto, solo basta la firma presidencial. Pero para cambiar una ley hacen falta nuevas mayorías. El decreto no es la mejor forma de eternizar una política. Curioso, ¿no?

martes, 16 de octubre de 2012

Dos ejércitos de operadores chocan en Tribunales


La puesta en escena muestra al Gobierno y al Grupo Clarín enfrentándose en una batalla que ya tiene varios frentes judiciales abiertos. Sin embargo, por los pasillos de los tribunales, detrás de las bambalinas, hay una lista de soldados de ambos bandos que se encargan de llevar adelante las estrategias judiciales de sus jefes.
El multimedios tuvo que contratar los servicios de, por lo menos, cinco estudios de abogados en los últimos tiempos. Son letrados con una vasta experiencia y un acabado conocimiento del funcionamiento de la Justicia. En el caso contra Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de sus hijos durante la última dictadura trabajaron los estudios del ex juez Gabriel Cavallo y de Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE. Para defenderse de las acusaciones sobre la adquisición de Papel Prensa se buscaron los servicios de Hugo Wortman Jofré.
Y para el caso en boga, referido a la Ley de Medios, Clarín contrató al estudio Sáenz Valiente y Asociados y a Felipe Llerena. En una primera instancia, al presentar la medida cautelar, también contó con el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni, que suele ser una voz de consulta del Grupo.
En este último tema, la defensa del Grupo confía en que el expediente que trata la inconstitucionalidad del artículo que lo obliga vender licencias se resuelva a su favor. Sin embargo, en caso de que la sentencia no llegue, planean pedir una prórroga de la cautelar, aduciendo que la culpa de la demora es del Estado nacional.
Por el lado del Gobierno, en tanto, hay diferentes espadas que se encargan de buscar la manera de cumplir con los designios de la Presidenta. Julio Alak, el ministro de Justicia, es la cara más visible, y quedó en evidencia estas semanas en las que presionó mediáticamente al juez subrogante del juzgado que debe expedirse sobre la Ley de Medios. Con su presencia, además, respaldó lo actuado por los representantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura, que tienen como uno de sus principales referentes al diputado Carlos “cuto” Moreno.
Sin tanta exposición pública, pero con injerencia también en los avatares judiciales, se destacan los nombres del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; del secretario de Justicia, Julián Alvarez; y del auditor general de la Nación, Javier Fernández. Todos con línea directa a CFK.

Acusan al kirchnerismo de armar una ley que favorecería a Monsanto


(Diario Perfil, 13/10/2012) (NOTA: el título que ponemos acá es el que originalmente se iba a publicar...)

Junio 2012. Cristina en Nueva York con las autoridades de Monsanto.
El gobierno de Cristina Kirchner está avanzando en la diagramación de una nueva ley de semillas que, según denuncian sus detractores, será beneficiosa para las grandes multinacionales del rubro, con Monsanto a la cabeza. En esencia, los dos puntos más controvertidos del proyecto son que prevé la limitación de la costumbre ancestral de los productores del uso propio de semillas y también que reduce la posibilidad científica de desarrollar nuevas variedades.
En contraste con el discurso que se opone a los grandes grupos hegemónicos, la administración de Cristina viene evidenciando un acercamiento a Monsanto, que es la empresa líder en el mundo (sobre todo desde el desarrollo de las semillas transgénicas) y que tiene ingresos anuales por 13.500 millones de dólares en todo el planeta.
La propia Presidenta se reunió en junio último en un viaje a Nueva York con el titular de la firma. Allí la empresa anunció inversiones en el país por 150 millones de dólares, incluyendo la construcción de dos centros de investigación y desarrollo en las provincias de Tucumán y Córdoba. Sin embargo, la relación también tiene su cuota de tensión: esta semana la AFIP suspendió a la firma del registro nacional de granos por una presunta evasión de 70 millones de dólares en el pago de Ganancias.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura, liderado por Norberto Yahuar, presentó un anteproyecto de ley y armó una mesa de consenso para discutirlo entre las partes involucradas. La Federación Agraria Argentina (FAA) decidió abandonarla luego de denunciar que el proyecto “avanza peligrosamente a la entrega de soberanía nacional y tecnológica” y repudiar que no se arman mesas de consenso para resolver otras problemáticas.
“Esto no tiene nada que ver con el modelo nacional y popular”, le aseguró su presidente, Eduardo Buzzi, a PERFIL. “Este es un gobierno que cada vez que viaja a Estados Unidos tiene reuniones que son señales de su verdadera esencia: primero fue con (la minera) Barrick, después Monsanto y ahora (por el último viaje) con George Soros, todos fenomenales ganancias”, agregó.
En la FAA sostienen que al limitar el uso propio (que es la posibilidad que tienen los productores de guardarse semillas o reutilizar las que deja la cosecha), todos van a tener que pagarle regalías a Monsanto, Syngenta u otros “obtentores” de semillas. Hoy en día el pago solamente se realiza al comprar las semillas.
Por otra parte, denuncian que el proyecto limita el desarrollo tecnológico de los pequeños productores de semillas, quienes hoy pueden cruzar diferentes variedades para sacar una nueva. El texto limita ese trabajo al incorporar el concepto de “variedades esencialmente derivadas”, de una manera amplia y abierta a discrecionalidades. Cuando se anunció, el Ministerio afirmó que la iniciativa defendería los desarrollos locales, como los del INTA.
Consultados por PERFIL, voceros de la empresa Monsanto aseguraron que es “totalmente inexacto” que el proyecto los beneficie. “La ley trata de definir cuál es el uso propio gratuito que debería existir sin pagar regalías”, explicaron. Y señalaron que Monsanto “nunca cobró regalías” y que “no hay nuevas tecnologías en soja porque no hay retorno a la inversión”. La compañía argumentó que la ley favorecería el desarrollo biotecnológico. Además, explicaron que Monsanto “viene trabajando para lanzar nuevas tecnologías patentadas en soja”, pero que se regulan con la ley de patentes y no de semillas.
El problema del uso propio no es sólo local. En Estados Unidos, la Corte Suprema aceptó definir una denuncia contra Monsanto por el cobro de regalías en esa situación.
Desde el Ministerio de Agricultura no hubo respuestas a la consulta de PERFIL. Fuentes de esa dependencia se limitaron a aclarar que es una “ley consensuada, que tiene el 90 o 95 por ciento de acuerdo”. Desde Monsanto, además, criticaron a la FAA “porque siempre se opone a cualquier cambio”. Sin embargo, en la FAA sostienen que la mesa está compuesta por una mayoría de sectores vinculados directa o indirectamente a Monsanto y el resto de las multinacionales.
En la Mesa de Enlace, la discusión en torno al proyecto generó diferencias. Todas las entidades criticaron el límite que se establece al uso propio, pero sólo la FAA enfrentó el proyecto. Desde la Sociedad Rural y CRA criticaron sin rechazar la iniciativa. En la última, no obstante, surgieron diferencias. Roberto Campi, que es uno de sus representantes en la mesa de consenso, escribió que el proyecto “cumple con todos los requisitos para ser nac & pop: beneficia a los grandes, perjudica al campo y tiene profundas falencias”.

martes, 9 de octubre de 2012

Los caceroleros que organizan el 8N prometen más gente que la del 13S


Yamil Santoro, Jorge Sonnante, Luciano Bugallo y Marcelo Bustos.
PERFIL reunió a seis de las caras que están detrás de los cacerolazos. Prefieren decir que no son “los organizadores”, para evitar generar rispideces con aquellos que también convocan pero mantienen un perfil bajo. Dicen que el fenómeno “no tiene líderes” y que ellos sólo son “responsables de canalizar la comunicación”. Lo cierto, sin embargo, es que administran las páginas de internet o grupos de Facebook que se volvieron lugar de referencia de los manifestantes.
Mariana Torres, Marcelo Morán, Marcelo Bustos, Yamil Santoro, Jorge Sonnante y Luciano Bugallo se conocieron por las redes sociales o directamente en la calle, cacerola en mano, en las primeras manifestaciones de mediados de año. Así comenzaron a tender puentes y a “estar siempre en contacto”. Ahora ya están convocando para el 8N, pero ni ellos saben decir de dónde salió la fecha.
“No queríamos cometer errores anteriores de convocar a la semana o a los quince días, porque la gente se cansa o aburre”, coincidió Bugallo. “Pero no se puede saber nunca quién fue el primero que tiró la fecha... no hay una organización”, señaló Sonnante. Y Torres aclaró: “Nosotros nos subimos a la del 8N para no cansar a la gente, porque todos quieren proponer su fecha y después se termina desgastando”. En el medio hubo convocatorias para el 28 de septiembre y el 1º de octubre, pero ellos no las difundieron y ninguna prendió. “Otro tema importante es que esperamos en octubre la respuesta del Gobierno, que está obligado a salir a la calle, por el 17 y por el aniversario de Néstor”, agregó Santoro.
Torres y Morán administran tres páginas de Facebook. La más conocida es “El Anti K”, que tiene más de 40 mil adherentes. Se conocieron hace tres años, cuando ella adhirió a la página “No a la renuncia de Julio Cobos” que él había creado y desde entonces son pareja. Ella contadora de Ituzaingó, él abogado de San Miguel, ahora dedican su tiempo libre a administrar las páginas y contestar mensajes. “Es un vicio,”, reconoce Torres, madre por triplicado.
Morán es de los más duros. Fue el único de la mesa que participó del escrache a Guillermo Moreno. El resto repudia ese método, aunque hacen la excepción con la protesta en la casa del juez Oyarbide, porque fue “espontánea”.
Santoro, Bustos, Mariana Torres, Marcelo Morán y Sonnante.
A todos les cuesta encontrar aspectos positivos del Gobierno. Torres y Bugallo, con esfuerzo y quitándole méritos al kirchnerismo, nombran la política de derechos humanos y la asignación por hijo. Ella agrega el matrimonio igualitario y él que le despertaron a los jóvenes el gusto por la política. Bustos rescata la política en Ciencia y Tecnología, pero asevera: “Si partimos de la base de que es un Gobierno que está corrompido y que no respeta las leyes, no creo que pueda tener algo rescatable. Y después de doce años estamos con la misma cantidad de pobres”. Para Santoro, si se tiene en cuenta “la presión tributaria y la distribución a las provincias, todo lo que pueda levantar el Gobierno como bandera es una vergüenza”. Morán y Sonnante dicen que no pueden nombrar “nada positivo”.
Este último hace dos años fundó, con cuatro amigos, el Movimiento de Indignados Argentinos, primero haciendo acción social y ahora ya lanzados al plano político. Vive en Caballito, es teólogo y diplomado en administración de empresas. Hoy tiene un microemprendimiento por internet y es consultor en la rama de poligrafía. “Sé cuándo la Presidenta miente”, se ufana.
A la hora de reclamar enumeran: respeto de la República y las instituciones, lucha contra la corrupción, mayor libertad (“tanto de los ciudadanos como de los medios”), rechazo a la reforma constitucional y la re-re. La inflación también figura, pero en segundo plano. Y niegan que el cepo al dólar sea un disparador. “La única manera de canalizar los cacerolazos es políticamente, pero creo que es positivo porque sirve para llamar la atención”, analiza Bugallo. Proveniente de una familia agropecuaria de la localidad bonaerense de Ascensión, cerca de Junín, se “despertó” en 2008, durante el conflicto con el campo. Hoy integra REC (Red Encuentro Ciudadano), un organización con gente de diferentes partidos. Se lo vinculó al PRO, porque participó de un curso de un macrista, pero él asegura que participó de diversos cursos. Incluso uno del Gobierno sobre, precisamente, “manejo de redes sociales”. Su grupo “Cacerolazo” tiene 14.500 seguidores, administra otras páginas y colabora con “El Cipayo”, otro grupo “famoso”.
Los seis consideran “exagerado” que se hable de dictadura o nazismo, y dicen que es imposible controlar a todos. Sin embargo, algunos en sus páginas colgaron imágenes o textos alusivos. Y todos niegan querer que Cristina deje el Gobierno. “Porque si no nos queda Boudou o Rojkés... peor”, ironiza Torres. “Dudo que no estemos en una dictadura”, dice Morán. “Técnicamente, dictadura es todo gobierno que está por encima de las leyes, y en esa acepción es una dictadura”, asiente Santoro. El es el único que ya incursionó en el mundo partidario. Primero en el Federal Republicano y después en el Liberal Libertario. En enero se abrió y ahora sigue militando en las redes, incluso viajó a Venezuela para apoyar a Capriles. Se hizo famoso por quedarse en calzones en la Plaza de Mayo el 13S.
Es de Lugano y trabaja como maestro integrador en un colegió judío ortodoxo. A su lado, Bustos sostiene que “un gobierno democrático se puede convertir en dictador mediante la acumulación de poder en una única persona y el no respeto a la ley”. Nunca tuvo militancia política, aunque dice que en los ‘90 participó de actos contra funcionarios menemistas. En los primeros cacerolazos de este año se juntó con otra gente y formó Ciudadanía Activa, “un grupo que intenta darle identidad a eso que empezó como una protesta con la cacerola”. Es corredor inmobiliario, y vive en Palermo.
Bugallo y Santoro son los únicos que se imaginan un futuro en la política. El resto no quiere ni pensarlo. Mientras tanto, se ilusionan con el 8N supere con creces al 13S.