El colmo de la desconfianza: ni malo conocido, ni bueno por conocer

Avanza el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como de radiodifusión o ley de medios o ley de medios K o ley K para controlar a los medios o la ley de la democracia, etcétera. Y por ende siguen decantando las ideas.
Como se dijo en el primer post, ni Clarín ni el Gobierno son de fiar. Por eso hay que poder pararse en un punto intermedio, que a mi entender es el de saber que una nueva ley es más que necesaria, pero eso no quiere decir que se tenga que sacar cualquier ley.
No es cierto que este Congreso no puede dar el debate. Puede empezarlo, y si consigue los consensos necesarios puede aprobarlo. Pero este Congreso viene acostumbrado a la obsecuencia, a la obediencia debida, y muy desacostumbrado a la búsqueda de consensos. Una ley de la democracia requiere un debate profundo y el mayor consenso posible. No parece ser esa la estrategia oficial, que quiere hacer audiencias públicas durante tres días seguidos la semana próxima y después llevar el proyecto al recinto para darle media sanción. Por eso decíamos en el post anterior que lo ideal sería que el próximo Congreso termine de definir el debate, porque sin una mayoría consolidada el consenso va a ser una obligación.
Así como desconfío de aquellos que dicen que el debate tiene que ser más adelante, por temor a que ese más adelante llegue dentro de 26 años más. Pero tampoco coincido con aquellos que dicen que hay que tratarlo sí o sí, porque la democracia se lo debe. Si el proyecto no es bueno o deja huecos que los puede llenar solamente la desconfianza, no hay porque aprobarlo.
Y el proyecto no es bueno. Uno puede estar de acuerdo en gran parte de sus puntos, pero si existen vacíos que dan lugar a la discrecionalidad del Ejecutivo o a la generación de un nuevo monopolio, todo lo bueno se disuelve. Eso es lo que está pasando:
• El órgano administrador que se propone tiene mayoría del Ejecutivo.
• Que sea el Gobierno de turno el que decida a que organizaciones o sindicatos se le asigna una radio da lugar a pensar que esas radios terminarán siendo oficialistas.
• Las licencias o frecuencias se deben renovar cada dos años. El temor a que al tener un discurso crítico (u opositor) uno se pueda quedar sin la licencia no puede ser nada bueno.
• El proyecto da lugar al ingreso de las empresas telefónicas (oligopólicas durante mucho tiempo) al negocio de los medios. Por su estructura y su poderío, eso puede generar que se reemplaze un monopolio (Clarín) por otro (Telecom o Telefónica, ambos con buen nexo con el Gobierno).
La desconfianza respecto de las intenciones del Gobierno se sostienen también en que dice que quiere mayor pluralidad de los medios, pero eso no es lo que su experiencia muestra. En Santa Cruz los medios opositores fueron siempre perseguidos. Y una vez en el Gobierno, los Kirchner hicieron lo que quisieron con la publicidad oficial. Discriminaron a los medios críticos y beneficiaron (ampliamente) a sus defensores. Una ley de medios que se digne democrática y plural debe incluir una regulación sobre la distribución de la publicidad oficial.
Por otro lado, el acceso a la información también tiene que ser plural. Y sobre todo fácil. Hoy es más que difícil para el periodismo (y para cualquier ciudadano más aún) conseguir información sobre los actos del Gobierno. Y una vez más, a los medios aliados (u obsecuentes) se les facilita el acceso a la misma. No puede ser muy democrática y plural la difusión de la información si el acceso a la misma no lo es.
Bienvenido el tema al debate público. Pero ojalá que el debate parlamentario sea sincero y verdadero. Y no una pantalla donde se hagan pequeñas modificaciones a un proyecto (que puede y debe ser ampliamente mejorado) para luego aprobarlo con lo justo. Lo malo conocido debe cambiar, pero lo bueno por conocer no es tan bueno.