La puesta en escena muestra al Gobierno y al Grupo Clarín enfrentándose en una batalla que ya tiene varios frentes judiciales abiertos. Sin embargo, por los pasillos de los tribunales, detrás de las bambalinas, hay una lista de soldados de ambos bandos que se encargan de llevar adelante las estrategias judiciales de sus jefes.
El multimedios tuvo que contratar los servicios de, por lo menos, cinco estudios de abogados en los últimos tiempos. Son letrados con una vasta experiencia y un acabado conocimiento del funcionamiento de la Justicia. En el caso contra Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de sus hijos durante la última dictadura trabajaron los estudios del ex juez Gabriel Cavallo y de Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE. Para defenderse de las acusaciones sobre la adquisición de Papel Prensa se buscaron los servicios de Hugo Wortman Jofré.
Y para el caso en boga, referido a la Ley de Medios, Clarín contrató al estudio Sáenz Valiente y Asociados y a Felipe Llerena. En una primera instancia, al presentar la medida cautelar, también contó con el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni, que suele ser una voz de consulta del Grupo.
En este último tema, la defensa del Grupo confía en que el expediente que trata la inconstitucionalidad del artículo que lo obliga vender licencias se resuelva a su favor. Sin embargo, en caso de que la sentencia no llegue, planean pedir una prórroga de la cautelar, aduciendo que la culpa de la demora es del Estado nacional.
Por el lado del Gobierno, en tanto, hay diferentes espadas que se encargan de buscar la manera de cumplir con los designios de la Presidenta. Julio Alak, el ministro de Justicia, es la cara más visible, y quedó en evidencia estas semanas en las que presionó mediáticamente al juez subrogante del juzgado que debe expedirse sobre la Ley de Medios. Con su presencia, además, respaldó lo actuado por los representantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura, que tienen como uno de sus principales referentes al diputado Carlos “cuto” Moreno.
Sin tanta exposición pública, pero con injerencia también en los avatares judiciales, se destacan los nombres del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; del secretario de Justicia, Julián Alvarez; y del auditor general de la Nación, Javier Fernández. Todos con línea directa a CFK.
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