Vinculan a De Vido con una constructora

Se trata de Panedile, una firma que desde 2003 ha tenido un vertiginoso crecimiento en las licitaciones. La encabeza Hugo Dragonetti, un ex funcionario del gobierno de Isabel Perón.

(Diario Perfil, 5/5/13)

El escándalo Lázaro Báez dejó en la mira el reparto que Julio De Vidoha hecho de los millonarios fondos con los que contó el Ministerio de Planificación en la última década. Pero los favoritismos no se redujeron al empresario santacruceño. En ese marco, se destaca la empresa Panedile, a quien diversas fuentes políticas, empresarias y periodísticas de distintos puntos del país, no dudan en vincular con el poderoso ministro.

La frases que se repiten van siempre en el mismo sentido: “Llega con el espaldarazo de Nación”, “tiene la banca del ministro” o, incluso, sin pruebas que lo acrediten, “Panedile es De Vido”. La constructora, que pertenece a Hugo Dragonetti, viene teniendo fuerte injerencia en provincias como Santiago del Estero y San Juan, donde ya son vox pópuli las menciones respecto al vínculo funcionario-empresa. Un constructor de otra provincia, conocedor del paño, también reconoció que en el ambiente esa noticia es moneda corriente. Y coincidió con la visión de un gran empresa constructora.

Los números, además, respaldan lo que se comenta. Panedile es una empresa fundada por capitales italianos en 1947, que hasta principios de la década del 90 se destacó en la construcción de represas hidroeléctricas. En 1996, la empresa cambió de dueños y se “argentinizó” (en 2000 ingresa la familia Dragonetti). Pero en ese período apenas hizo tres obras. Hasta que desde 2003 sufrió un reverdecer: le adjudicaron treinta obras, por un presupuesto que la misma empresa reconoce, en total, como de 1.752 millones de dólares.

Ante la consulta de PERFIL, desde la empresa aseveraron que “Panedile no tiene ningún vínculo” con De Vido. Desde el Ministerio de Planificación, en tanto, respondieron que no realizarían “ningún comentario” al respecto. “Las acciones y el directorio se integran de la siguiente manera: presidente, Hugo Dragonetti y los accionistas son los cinco hijos del presidente de la empresa, cada uno con el 20%”, detallaron desde la firma. Los antecedentes de Dragonetti incluyen haber sido funcionario (subsecretario de Obras Públicas, entre otros cargos) durante el tercer gobierno de Juan Perón y su sucesora y viuda, Isabel.

Respecto del crecimiento en los últimos años, desde Panedile responsabilizaron a la “difícil situación económica que atravesó el país” por las pocas obras que realizaron antes de 2003. Sin embargo, un análisis más detallado indica que durante toda la década del 90 la empresa (con los dueños anteriores) sólo realizó, de principio a fin, dos obras viales. Los nuevos propietarios afirman que desde 2000 la firma “ha adquirido mayor maquinaria y ha capacitado a sus recursos humanos de manera tal que la firma es hoy una de las empresas más demandadas en la construcción de obras”.

El crecimiento de Panedile, además, le permitió ir aumentando su estatus en el “Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitaciones”, un listado que realiza periódicamente la cartera de De Vido sobre las empresas constructoras.

En el ambiente, Panedile sigue siendo destacada como especialista en la construcción de diques. Sin embargo, desde 2003 para acá se tuvo que unir con Techint para terminar dos represas en San Juan y le asignaron una tercera en Santiago del Estero, que está sospechada de sobreprecios (la empresa dice haber perdido cinco millones de pesos) y tuvo fallas técnicas al poco tiempo de inaugurada. Por el contrario, en este período Panedile se destacó en la realización de obras viales y, en los últimos años, fue noticia por dos polémicas obras de arquitectura: el Teatro del Bicentenario en San Juan (280 millones de pesos) y dos majestuosas torres en Santiago donde se mudarán ministerios, denominadas allí como “las Torres Gemelas” (más de 400 millones de pesos).

La “argentinización” de Panedile, además, le permitió ampliar las fronteras. Los réditos que ha tenido en estos años le permitieron lanzar un emprendimiento privado en la exclusiva zona de Punta Ballena, en Punta del Este.

Radiografía de la complicidad entre los gobernadores y sus Lázaro Báez

Santa Cruz no es una excepción. En la mayoría de las provincias, las obras públicas enfrentan denuncias de sobreprecios, favoritismos y vínculos con las autoridades locales

(Diario Perfil, 28/4/13)

Julio De Vido.

El modelo de Lázaro Báez en Santa Cruz no es un caso aislado. Las investigaciones desnudaron la historia de un empresario beneficiado con la obra pública y sospechado por supuestos sobreprecios que esconderían una trama corrupta. Este modelo, sin embargo, se replica en todo el territorio argentino, con gobernadores que privilegian a un grupo de empresarios y reciben, en consecuencia, las críticas y sospechas de la oposición.

El modelo es el mismo que aplicaba Néstor Kirchner con las empresas de Báez en Santa Cruz, nacionalizado una vez que llegó a la presidencia. Las obras públicas más importantes del país se hacen, casi en su totalidad, con fondos que distribuye el ministro de Planificación, Julio De Vido. Son los gobernadores, con su aval, los que deciden qué empresas harán los trabajos.

Las variaciones, no obstante, son propias de cada provincia. En algunos casos, los mandatarios benefician a empresarios nuevos, casi desconocidos, que de un día para el otro toman relevancia y comienzan a ganar licitaciones. Otros, en cambio, se acercan a los grandes empresarios de la zona, que se perpetúan como los principales beneficiarios. Por último, los casos más polémicos son los que le adjudican obras o contratos a empresas de familiares o incluso propias.

Los mecanismos también esconden diferencias. Hay provincias donde las licitaciones se realizan respetando todos los plazos reglamentarios. Y contrastan con aquellas donde ni siquiera se respetan los trámites legales. En todos los casos, sin embargo, la conclusión es similar: las mismas empresas se reparten las obras más importantes. O por adjudicación directa o por licitaciones sospechadas. Las firmas más chicas, en consecuencia, se resignan a recibir los contratos para las obras menores, garantizándose así los gobernadores la paz empresarial.

Nombres conocidos. Hay provincias donde no es misterio quién es el favorito. En Formosa, por ejemplo, las miradas apuntan a Pedro Doval Vázquez de la empresa Industrial y Constructora SA. Gana la mayoría de las obras viales. Y comparte el podio con las empresas de Juan Carlos Relats (un correntino con inversiones en todo el país y que incluso explotaba el hotel Los Sauces de los Kirchner) y por Sucesión de Adelmo Biancalani SA (Lázaro Báez adquirió el 51% de la empresa). Cada compañía se queda con un tramo o, en algunos casos, se asocian en uniones transitorias de empresas (UTE). “Son sostenedores económicos del proyecto del gobernador Insfrán”, apuntó un empresario local, que calculó en $ 1.000 millones las inversiones en vialidad en los últimos seis años. Vázquez, en respuesta a la consulta de PERFIL, rechazó ser uno de los más beneficiados, destacó que la empresa tiene veinte años de trayectoria y justificó en su capacidad técnica, económica y financiera “la eventual adjudicación de obras”.

Santiago del Estero es una de las provincias que más fondos recibió de Nación, incluso para obras polémicas como el aeropuerto de Río Hondo o el dique Figueroa (sospechado por sobreprecios). “En Córdoba no podés facturar el triple como en Santiago”, graficó el senador radical Emilio Rached. Allí, es vox populi que el encargado de distribuir las obras (y quedarse con la porción más alta) es Miguel Sarquiz, de la empresa Mijovi. Una de sus sociedades, además, le abrió las puertas porteñas, donde tiene un emprendimiento en Puerto Madero.

En La Pampa, quien viene ganando muchas licitaciones es Jubete Constructora, de Omar Angel Jubete. Hizo, entre otras obras, un millonario autódromo. Según investigaciones periodísticas, entre 2008 y 2011 hizo el 81% de las obras viales provinciales. El hijo del gobernador Oscar Jorge estaba relacionado como “asesor financiero”, pero desde la empresa aseguran que ese vínculo ya no existe.

En Corrientes y Mendoza, en tanto, también se destacan empresarios con historia. En la primera, por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas, por lo que los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitia (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias que recibió importantes contratos públicos. En Mendoza, las miradas apuntan a Omar Alvarez, con multimedios en San Rafael e inversiones en energía y obra pública.

En familia. “En La Rioja no hay licitaciones, sino que las adjudicaciones se dan a través de ONGs que contratan a las empresas”, explica el diputado Julio Martínez (UCR). En ese marco, la principal beneficiaria es Pircas Negras, un grupo de empresas conducido por Carlos “Lalo” Herrera y Raúl Moreno. Se trata del hermano y el sobrino del gobernador Luis Beder Herrera.

“Desde que llegó Alperovich a Tucumán son mínimas las licitaciones públicas. Ante cada obra importante la Legislatura aprueba una excepción”, describe una fuente tucumana. Allí hay un pool de empresas que se destacan: Avanco y Elgart Construcciones. La primera la conduceRubén Rojkés, hermano de la primera dama (pero también Alperovich es accionista), y la segunda es de Leonardo Elgart, marido de Sara Alperovich, la hermana del gobernador.

En Misiones, el principal negocio está en el turismo, donde se destaca la empresa Carlos Enríquez SA, conducida por Roberto Enriquez. A través de una UTE, tiene la concesión del Parque Nacional Cataratas del Iguazú. El 21% de esa UTE pertence a Petrovalle SA, de familiares del gobernador Maurice Closs (antes de asumir también era accionista). Los beneficios de la empresa de Enríquez también llegan a la obra pública. En agosto del año pasado, por ejemplo, le adjudicaron la autovía Posadas- San José, por $120 millones.

Caras nuevas. En el Chaco coinciden en que los contratos de obra pública están “bastante democratizados”. Sin embargo, el nombre de Mateo Alemán es el que más sobresale. Sindicado como “muy cercano” al gobernador Capitanich, armó una cámara de la construcción paralela y su empresa Cre Nor SRL ganó varias licitaciones.

En Entre Ríos, dos años después de asumir Sergio Urribarri se creó la empresa Szczech & Szczech. Hoy es una de las principales contratistas: Hospital de Gualeguaychú (en UTE), dos escuelas, 200 viviendas, entre otras obras, que suman, como mínimo $ 260 millones. Su titular,Néstor Iván Szczech, llegó a ser presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.

Ya sea con caras nuevas,  nombres ya conocidos o familiares emprendedores, todos tienen su empresario predilecto. Así la obra pública queda siempre en las mismas manos, y las suspicacias tienen cimientos fuertes.

Más gastos que avances

La relación entre obra pública y corrupción es una controversia presente en todo el mundo. En Argentina, el flagelo es difícil medir. Hay sospechas por obras que se licitan con un presupuesto pero terminan costando varias veces más, otras que llaman la atención por sus diferencias con obras similares en otras provincias. Pero en todos los casos, lasinvestigaciones quedan en la nada.

Ante esta situación, la consultora Federico Muñoz & asociados realizó un ejercicio que ayuda a sostener la hipótesis de sobreprecios, pero que, según aclara, no puede tomarse como prueba. El trabajo compara el crecimiento, entre 2004 y 2011, de dos índices: la inversión del Estado (con datos presupuestarios del Ministerio de Planificación), y el ritmo de la construcción que mide el Indec.

Del índice elaborado por el Instituto,  denominado ISAC, sólo se tomaron dos sub-rubros, que engloban a la obra pública. La conclusión del informe es que el gasto en este tipo de inversiones creció a un ritmo mucho más intenso (más del doble) que los volúmenes reales de obras realizadas.

Sin épica y en el peor de los mundos

(Pubicado en Diario Inédito)

Todo lo que está relacionado al presidente iraní, Mahmud Ahjmadinejad, me cae mal. Será porque soy judío (aunque hay otros que parecen ser más contemplativos), será por mi forma de pensar, o será simplemente por una cuestión de química. Pero alguien que niega sistemáticamente el holocausto, pide la eliminación de Israel y el sionismo, y ampara a grupos terroristas como Hamas o Hezbolla merece mi más firme rechazo. Ahora bien, ¿cómo analizar el entendimiento firmado entre su gobierno y el nuestro despojándome de estos sentimientos? Ahí va un intento.

“Justicia, justicia perseguirás”, rezan los textos tradicionales del judaísmo. Y ese es el principal interés de todos los que levantamos la bandera de la causa AMIA. Justicia y Memoria. Si el acuerdo con Irán permite avanzar en ese sentido, bienvenido sea. La crítica de que la Argentina pierde soberanía al permitir que los interrogatorios se hagan en Teherán debería quedar de lado si la Justicia prospera. Dignificaría al país que ese nefasto capítulo se pueda cerrar con Justicia. Además, si el acuerdo era que se los juzgue en un tercer país, también se podría haber dicho que se perdería soberanía.

Sin embargo, nada indica que el entendimiento con Irán permita llegar a ese final “feliz”. El gobierno iraní viene negando que la Justicia argentina pueda interrogar y juzgar a los principales acusados de ser los autores intelectuales (y financieros) del atentado. La Interpol, conformada por 190 países, aprobó los pedidos de captura luego de analizar las presentaciones que hizo la Argentina. Es decir, la investigación tiene un respaldo internacional de peso. La creación de una Comisión de la Verdad no sólo pone un manto de duda sobre lo realizado por la Justicia argentina sino también sobre el aval que dio este organismo.

Por otro lado, esa Comisión, conformada por supuestos prestigiosos juristas internacionales, va a poder dar recomendaciones, pero no va a tener carácter determinante. Es decir, el gobierno iraní podrá volver a desconocer su resolución, como viene haciendo hasta ahora en todo lo relacionado al caso.

Por último, parecería ser difícil que cuando se sienten en los interrogatorios los acusados acepten sus responsabilidad en los hechos (¿estarán obligados a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?). Y entonces surge una pregunta crucial: ¿De qué sirve interrogarlos si no hay garantías de después poder juzgarlos?

¿Qué provecho puede sacar la Argentina de esta negociación entonces? A simple vista, ninguna. A lo sumo seguir manteniendo un superávit comercial con Irán, pero parece una cuestión menor si se la compara a la necesidad de obtener justicia. “Jamás permitiremos que la tragedia AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos”, tuiteó Cristina Kirchner. La interpretación es que no se permitirá que lo usen otros, pero que sí la Argentina puede utilizar la tragedia como pieza de ajedrez. Es lo que hace el gobierno al alejarse de lo que pretende Estados Unidos y parte de la Unión Europea, y acercarse a las posiciones más contemplativas con Irán que tienen potencias como China y Rusia (en sintonía con la postura que en América Latina tienen Venezuela y Bolivia).

¿Qué provecho puede sacar Irán de esta negociación entonces? A simple vista, todo ganancias. Se muestra abierto a resolver un problema, a pesar de que hasta ahora no hizo nada al respecto. En tiempos donde parte del mundo occidental lo presiona para que frene sus intentos de proliferación nuclear se muestra negociando con un importante país latinoamericano, que como si fuera poco forma parte del G20. En el medio, gana tiempo para intentar reposicionarse “en el tablero de intereses geopolíticos”. Y, como si fuera poco, la historia podría terminar con que la Comisión de Verdad no concluya lo mismo que la Justicia argentina, por lo cual toda la investigación podría ser puesta en duda.

En conclusión, la épica con la que Cristina intentó presentar el acuerdo podría terminar en el peor de los mundos. No sólo sin justicia, sino que con retrocesos. Y todo esto quitando del análisis que se está negociando con Ahjmadinejad. “Pero este año termina su mandato y no puede volver a ser reelecto”, me podría criticar alguien. Es cierto. Como también lo es que dos de los acusados por el atentado son candidatos a sucederlo.

Siete dirigentes ponen en juego su futuro presidencial en las elecciones legislativas

(Diario Perfil, 20/1/13)

El mundo político tiene todas sus miras puestas en las elecciones legislativas de este año. Sin embargo, todas las decisiones se tomarán con un objetivo claro: quedar posicionado de la mejor manera posible de cara a las presidenciales de 2015. En ese sentido, hay por lo menos siete dirigentes que se juegan gran parte de su destino político en la inminente campaña electoral.

En el peronismo se viven tiempos convulsionados. Existe una creencia casi generalizada de que las chances de que el kirchnerismo logre modificar la Constitución son escasas y que, por ende, Cristina Kirchner no tendría posibilidades de volver a ser electa presidenta. Así, los peronistas están empezando a organizarse con el objetivo puesto en 2015, y parte de esos movimientos podrían empezar a darse en esta elección.

La propia Cristina se juega en las legislativas la posibilidad de mantener una cuota de poder importante, que le permita tener voz y voto en la definición de su eventual sucesor. Un mal resultado, en cambio, la dejaría herida. Los peronistas que caigan mejor parados, en ese instante, darán inicio a la larga carrera para quedarse con la candidatura más preciada.

En ese contexto, Daniel Scioli y Sergio Massa aparecen como dos figuras de peso que se juegan en estas elecciones gran parte de sus aspiraciones para 2015. El gobernador bonaerense ya admitió sus intenciones de ser presidente pero, a pesar de que eso le valió la reprimenda de muchos kirchneristas, sigue jugando adentro del esquema de poder. Hay quienes especulan, sin embargo, con que le convendría romper en esta elección para adelantar la separación.

El intendente de Tigre, sin embargo, también podría dar una sorpresa. Primero debería confirmar si será candidato a diputado. Y luego si lo hará con el kirchnerismo o en su contra. Esta última opción pondría en una situación incómoda a Scioli, que podría perder terreno por quedar cerca de Cristina más tiempo. Massa suena como eventual candidato a gobernador en 2015, pero un buen resultado en la provincia más importante del país, y sobre todo si es en contra de un kirchnerismo todavía con poder, lo habilitaría a imaginarse algo más.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, es el otro peronista que ya avisó que quiere ser presidente, aunque las encuestas todavía lo muestran lejos. Cómo queden posicionados los jugadores después de las elecciones le indicará a De la Sota si tiene margen para tirarse al ruedo o no. Mientras tanto, deberá revalidar su poderío en Córdoba, ganándoles a todas las fuerzas que se le oponen, incluido el kirchnerismo.

Dentro del oficialismo hay otros gobernadores que también tienen aspiraciones presidenciales, aunque todavía no lo expresaron públicamente. Amplios triunfos en sus provincias los dejarían bien parados.

En la oposición, por otra parte, también empezarán a definirse las candidaturas 2015 en 2013. Mauricio Macri y Hermes Binner son los que hoy aparecen mejor posicionados; sin embargo, deberán revalidar títulos en la legislativa. Al jefe de Gobierno porteño se le suele criticar por no tener una estructura nacional. Por ello, deberá demostrar en estas elecciones buenos resultados, por lo menos en los grandes distritos (algo que lograría en Capital y Santa Fe). Esa realidad lo lleva incluso a no descartar ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Binner, en tanto, será candidato a diputado en Santa Fe. Necesita ganar, con autoridad, para que su candidatura presidencial se mantenga a flote hasta 2015. Un paso en falso lo dejaría debilitado.

El radicalismo, mientras tanto, no tiene en la actualidad un dirigente que se posicione como candidato presidencial indiscutido. Julio Cobos, uno de los que saldrán a la cancha en 2013, es el que mejores posibilidades tiene. Será candidato a diputado en Mendoza, y una importante victoria volvería a darle notoriedad.

Clarín ya activa el plan B para frenar la Ley de Medios

Busca tener alternativas judiciales por si la Corte le da la razón al Gobierno. La disputa amenaza con volverse interminable. El Grupo mantuvo en secreto la estrategia.

(Diario Perfil, 20/1/13)
(La multiplicación de causas abrió una polémica judicial)

Estrategas. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, junto al
 abogado del Grupo, Damián Cassino.

La pelea judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede terminar convirtiéndose en una suerte de historia sin fin. Lejos de la fantasía de la película infantil homónima, los abogados del multimedios presentaron una nueva denuncia, esta vez en Mar del Plata, con un claro objetivo: seguir frenando los artículos de la ley que más lo perjudican.

De prosperar, esta presentación correría por otro andarivel de la causa “principal”, que está actualmente en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que podría terminar en la Corte Suprema a mitad de año (ver aparte).

A fines de noviembre, con la incertidumbre del 7D a cuestas, Cablevisión presentó una medida de no innovar ante el juez Alfredo López, con sede en la ciudad balnearia. El magistrado se declaró incompetente, al sostener que el mismo objeto estaba siendo tratado en otra jurisdicción. La empresa apeló y los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, a pesar del dictamen contrario del fiscal general Daniel Adler, rechazaron esa interpretación.

El fiscal, en su dictamen, aseguraba que había una similitud entre ambas causas, basado en que Cablevisión es parte del Grupo Clarín y que ambas presentaciones sostienen perseguir “la conservación en toda su plenitud (…) de las licencias” de Cablevisión.

Los camaristas, sin embargo, rechazaron esa lectura y aceptaron el argumento de la empresa de que persigue finalidades distintas. En este caso, sostiene Cablevisión, no está pidiendo por la constitucionalidad de algunos artículos, sino que busca “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.

Ahora, el fiscal evalúa apelar esta decisión, por lo que terminaría siendo la Corte Suprema la que definiría si son dos causas separadas o una sola. Desde el Gobierno interpretaron que la presentación buscaba ser un respaldo del Grupo ante la caída, el 7D, de la otra medida cautelar. Ahora, sin embargo, creen que puede ser una estrategia de Clarín para buscar fallos a su favor y seguir poniendo trabas a futuro. Y no descartan que se hayan hecho presentaciones similares en otros lugares.

Fuentes vinculadas al multimedios reconocieron la existencia de la causa, pero guardaron un fuerte hermetismo respecto de su contenido. Simplemente reconocieron que “no tiene nada que ver con el reclamo de inconstitucionalidad”. Otra voz de la empresa aseguró desconocer que haya una estrategia en ese sentido y expresó tenerle “fe al desarrollo de la causa principal”.

Sin embargo, otra fuente, indirectamente vinculada a Clarín, reconoció que se vienen iniciando demandas en distintas jurisdicciones, pero todas con motivaciones distintas. En algunos casos, explicó, no se trata de presentaciones de la empresa sino de empleados, asociaciones de consumidores o vecinos afectados.

Ya existe otra causa, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial, que también frenaría la desinversión de Clarín. Es la que busca evitar el cierre de Fibertel (que resolvió el Gobierno en 2010). Esa decisión fue frenada por el juez Roberto Torti, quien también comunicó a la Afsca que las redes de Cablevisión y Fibertel no se pueden dividir.

La mayoría de los gobernadores se niega a dar a conocer su riqueza

Sólo siete exhibieron su declaración jurada. Algunos mandatarios enfrentan denuncias por enriquecimiento. Hay provincias donde la ley aún no los obliga a publicitar sus bienes.

(Diario Perfil, 13/01/2013)

También ver "Intendentes ricos en un Conurbano pobre" o la nota completa publicada en 2010.

El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.

El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.

La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.

En negro. Sobre 17 provincias fue imposible tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Cruz), PERFIL insistió por diversas vías pero no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna respuesta.

Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento patrimonial. En Tucumán todavía no existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6 millones. En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.

Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios. Para el gobierno de Scioli, al parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar la hará pública”.

Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos PERFIL se comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.

La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.

Números. De las presentaciones a las que tuvo acceso PERFIL se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $ 61 millones de patrimonio. Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.

El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón.

Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.

En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo tras su divorcio (-38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.

¿Y ahora qué?

Luego del fallo del juez Alfonso, que decretó que los artículos cuestionados de la ley de medios son constitucionales, la pelea está lejos de cerrarse. Sabbatella se presentó ante Clarín, como habíamos anticipado en Perfil, para notificar que se inició el proceso de transferencia de las licencias que el grupo debe vender. Sin embargo, se prevé que la Justicia lo frenará hasta que la Corte Suprema de la respuesta final. Antes, igual, se va a tener que expedir la Cámara Civil y Comercial, y recién después llegará al Máximo Tribunal. Aquí un cuadro que también publicamos en Perfil, con los escenarios posibles de lo que podría definir la Corte. Eso, de todas formas, va a pasar recién avanzado 2013. El ranking de posibilidades, a mi entender, es 1, 4, 2, 3 (tomando los cuadros de abajo, de izquierda a derecha).

Manual básico para entender el 7D

En la última semana mucha gente me dijo: "Che, ¿me explicás lo del 7D? No entiendo nada. ¿Qué va a pasar?". Además de dejarme en claro que el común de la gente no entiende el conflicto, me hizo ver que todo lo que explicamos los periodistas no sirvió de nada.
Aquí va una brevísima contribución a la causa:
1. En 2009 el Congreso aprueba la ley de servicios de comunicación audiovisual, mal llamada de medios, porque no regula a los diarios.
2. Clarín, que es mucho más que un diario, impugnó en la Justicia dos artículos por "inconstitucionales": el que establece el límite de licencias y el que fija el plazo para presentar el plan de desinversión.
3. A la par, pidió una medida cautelar, para que no se puedan aplicar esos artículos hasta que se defina la inconstitucionalidad.
4. Después de muchas dilaciones (con responsabilidades de ambas partes), la Corte, por un reclamo del Gobierno, fijo que el 7D vencía la cautelar. Sostuvo que sin un límite Clarín se beneficiaba, pero también exigió que se resuelva el reclamo de fondo.
5. Desde septiembre, después de que el expediente estuviese casi listo para la sentencia, el Gobierno comenzó a recusar y presionar a los jueces involucrados. Esto generó una parálisis en la causa.
6. Por eso, Clarín pidió que se extienda la cautelar más allá del 7D. Inicialmente, el juez lo rechazó, porque todavía faltaba para la fecha límite y consideraba que había tiempo para que se resuelva el caso. Clarín apeló.
7. Mientras, por las recusaciones del Gobierno, la causa de fondo estuvo bastante tiempo sin un juez. Y tampoco se pudo resolver la apelación porque los camaristas estaban también recusados.
8. Clarín le pidió entonces a la Corte que interceda. La Corte le dijo que no, pero exigió al nuevo juez de la causa (Alfonso) que resuelva. Y a los camaristas, que se encarguen de fallar por la cautelar. Además, expresó que sin fallo iba a haber "denegación de Justicia".
9. Luego de rechazadas las recusaciones, la Cámara decidió extender la cautelar. El argumento ahora es que Clarín no saca un beneficio especial porque la causa está lista para la sentencia.
10. Ahora el Gobierno le va a pedir a la Corte que revea la extensión de la cautelar. Si le da la razón, el Gobierno va a dar inicio al (lento) proceso de desinversión de las licencias del grupo, a pesar de que la Justicia todavía no dijo si el reclamo de inconstitucionalidad era válido o no.
11. De cualquier forma, la resolución de la cuestión de fondo depende del juez Alfonso. Y finalmente de la Corte, porque después del fallo, Clarín o el Gobierno van a apelar, por lo que la disputa promete extenderse en el tiempo.
12. Ya no será con el 7D como marco, pero el país seguirá de rehén de una pelea entre dos poderosos, con intereses que poco tienen que ver con lo que expresan en público.

La política no muerde... y no para

Decir que la realización de una huelga es un acontecimiento político no es ninguna novedad. Sin embargo, hay paros y paros. Hay paros donde la defensa de los intereses de los trabajadores está en primer plano. En otros, la política y la lucha de poder acapara el escenario.
El 20N, al que convocaron la CGT de Moyano y la CTA de Micheli, entra en el segundo lote. Y sobre todo por la presencia del líder camionero.
La CTA hizo otras medidas de fuerza, pero ninguna como la de hoy. El factor que cambia la ecuación es Moyano y sus aliados, sin dudas.
Y son ellos los que le asignan el matiz político al paro. El reclamo por la suba del mínimo no imponible de Ganancias es genuino y válido. ¿Pero alcanza para parar el país o la Ciudad? ¿O es sólo una buena bandera que permite pegarle al Gobierno por donde más le duele, el progresismo (el salario no es ganancia...)?
No se lo vio a Moyano hace más de cinco años reclamando por la inflación.
No se lo vio a Moyano reclamando por la corrupción hace varios años.
No se lo vio a Moyano reclamando junto a pequeños productores por la 125. ¿Hoy, políticamente, no lo haría?
No se lo vio a Moyano exigiendo diálogo cuando el era uno de los privilegiados en ser atendido.
Pero sí se lo vio defendiendo el modelo que hoy critica.
Sí se lo vio acordando fondos para las obras sociales.
Sí se lo vio investigado por la causa de los remedios truchos.
Sí se lo vio defenestrar al grupo Clarín, el mismo que hoy utiliza como tribuna política.
Sí se lo vio pedir por la reelección de Crisitina en 2011 y hoy arrepentirse.
¿Pueden cambiar de posiciones los dirigentes? Sin dudas. ¿Pueden acusar cambios en las posturas del otro y no en uno? También.
Pero las cosas como son: acá hay dos esquemas de poder en plena lucha. Cuando los sindicalistas vuelvan a ser eso y no empresarios que defienden sus intereses, los paros se van acatar naturalmente, y ningún piquete va a ser necesario.

Los caceroleros definen estrategias frente al 7D y si hay nueva marcha

(Diario Perfil, 11/11/12)

Los principales referentes de los grupos de Facebook que motorizaron el cacerolazo ya están mezclando el estado de euforia por lo que evalúan como una exitosa manifestación con el análisis de cómo deben seguir de ahora en adelante. Como lo preveían en la previa al 8N, las diferencias comenzaron a salir a la luz y ya hay por lo menos cuatro posturas sobre cuál es la estrategia más conveniente a tomar.

Dos cuestiones generan las mayores incertidumbres. En primer lugar, la cercanía del 7D, fecha que el Gobierno estableció como bisagra en su batalla contra el Grupo Clarín. Algunos quieren salir abiertamente a defender al multimedios, enarbolando la bandera de la libertad de expresión. Otros, en cambio, consideran que los reclamos que se escucharon en las calles exceden ese problema y no quieren que el fenómeno de los cacerolazos quede rehén de esa guerra. Por otro lado, la proximidad de fin de año y de las vacaciones acorta los plazos para convocar a una nueva movilización.

Estas cuestiones son parte de discusiones constantes que están teniendo los referentes. Incluso, ayer por la tarde y hasta el cierre de esta edición, se organizó una primera reunión. El objetivo era hacer un balance de lo que fue el 8N, pero sobre todo analizar el escenario que se vislumbra en el corto plazo. De esos encuentros suelen participar unas cuarenta o cincuenta personas, en su mayoría administradores de las páginas de Facebook antikirchneristas que vienen convocando, o miembros de los grupos que se fueron armando entre los caceroleros. La fecha, la hora y el lugar de esas reuniones surgen de las conversaciones que mantienen en grupos cerrados y secretos, con los que buscan evitar los infiltrados. Y luego, en algunos casos, van transmitiéndolas a otros referentes de las convocatorias que por diversos motivos no forman parte de esos grupos.

Ese sistema de toma de decisiones, como si fuera poco, ya comenzó a ser puesto en duda por otros referentes, que pretenden que las determinaciones sean más abiertas y no queden reducidas a un grupo específico. Ya hay otro sector que está convocando a una convención abierta el próximo jueves, en la sede Sarmiento del Banco Ciudad, para debatir las estrategias. La idea de los organizadores es primero armar grupos de debate, que luego presenten una propuesta ante el plenario. Según se anunció, van a estar como moderadoras Paula de Conto, la despachante de aduana que denunció a Guillermo Moreno, y Laura Elías, ex mujer del kirch-nerista José Ottavis, con quien mantiene un conflicto judicial.

A las tensiones que empezaron a surgir entre los principales referentes, que ya desconfían entre sí por los acercamientos a partidos políticos que están teniendo unos y otros, se agrega la problemática de la relación con los medios. Cada vez que alguien aparece nombrado surgen las críticas de aquellos que prefieren el anonimato.

Escenarios. Los sectores más envalentonados ya están pensando en armar un nuevo cacerolazo el 6 de diciembre. Uno de los usuarios más representativos de las protestas en Twitter, @MarcePCsolution (tiene más de 218 mil seguidores), ya puso en su nombre la leyenda “#6D”. Esa estrategia es respaldada por todos aquellos que quieren anticiparse a cualquier decisión que pueda tomar el Gobierno en torno a su batalla con Clarín.

Sin embargo, muchos otros sectores creen que convocar a otra protesta tan prontamente puede ser contraproducente. A ésos se suman los que creen que el cacerolazo no debe quedar pegado al tema Clarín solamente.

Por eso, algunos ven la posibilidad de convocar para el 13 o el 20 de diciembre, como para intentar marcar distancia. El 20D ya despierta polémica por el recuerdo de 2001. Otros, incluso, ya consideran que lo mejor es dejar pasar el verano y volver en marzo con más fuerza si no cambió la situación.

Por último, una visión que por ahora tiene buena recepción es la de esperar a ver cómo actúa el Gobierno. Ya saben que las primeras reacciones no fueron positivas, pero igual pretenden aguardar. Y, en caso de que se tome alguna medida de fuerza en contra de Clarín, están convencidos de que va a haber una reacción espontánea en el mundo de las cacerolas.

Para la mitad de los caceroleros, nada cambiará

(Diario Perfil, 10/11/12)
Encuesta propia que hice a 103 caceroleros.

A pesar de la euforia que primó el jueves por la noche en el Obelisco por la magnitud de la protesta, reinaba entre los manifestantes una sensación de escepticismo respecto a los cambios que podía generar en el Gobierno. Además, quedó en evidencia que la oposición también tiene un déficit dentro de los caceroleros, porque la mayoría aseguró no tener referente político en la actualidad.

El análisis surge de un relevamiento que hizo PERFIL en pleno cacerolazo, con más de cien consultados, de diferentes edades y sexo. Las preguntas fueron dos: ¿Cree que el 8N va a cambiar algo? y ¿A quién votaría si hoy hubiese elecciones? Las reacciones, en la mayoría de los casos, fueron idénticas. Ante la primera pregunta surgía una respuesta espontánea, basada en la esperanza más que en creencias firmes. En la segunda, en cambio, aparecía la incertidumbre.

Según el estudio, 55,3% demostró su desconfianza a que el cacerolazo logre cambiar aquellas cosas que le critican al Gobierno. Esa cifra se construye con respuestas diferentes y 28,2% directamente contestó que iba a seguir todo igual. El 8,7% planteó sus dudas; expresaban su esperanza de que así fuera, pero admitían que esa posibilidad la veían lejana. Dos tipos de respuesta empezaban con un “Sí”, pero desde otro punto de vista: el 14,5% creía que iba a generar un cambio en la gente (“más conciencia”, “pérdida del miedo”) y el 3,9% se imaginaba un cambio en la oposición (“para que se unan”).

En cambio, sólo 34% de los que hacían sonar sus cacerolas creían que el 8N iba a generar un cambio en las políticas de Cristina Kirchner. Esas respuestas, de todas formas, escondían en muchos casos más un deseo que una certeza. Otros, en cambio, fueron más concretos: que va a frenar la re-reelección, que van a pensar dos veces antes de tomar medidas, que va a poner límites por unos días o que por lo menos va a lograr llamar la atención. A ese grupo habría que sumarle 10,7% que planteó que algo, aunque sea lo más mínimo, va a tener que cambiar.

“Sé a quién no voy a votar”, fue la respuesta repetida, generalmente acompañada por risas, ante la segunda pregunta. Paso seguido, 52% contestó que no tiene a nadie para votar. En algunos casos, esa respuesta fue acompañada con fuertes críticas a la oposición, en otros resignación y en casi todos un reclamo de unidad.

De todas formas, hay dos dirigentes que se destacaron dentro del panorama de incertidumbre: Mauricio Macri y Hermes Binner. El jefe de Gobierno porteño se quedó con el 13,6% de las respuestas, mientras que el 11,6% eligió al líder del Frente Amplio Progresista, que saliera segundo en la última elección. Sorpresivamente, quien sigue en el listado es Elisa Carrió, con el 7,8%. Luego de haber sacado el 1,8% en la última elección, la diputada se llamó a la “resistencia”, y en el mundo de los caceroleros parece tener mejor suerte. Lejos, con el 1,9%, quedaron Daniel Scioli, Sergio Massa, Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. Y en el fondo, con una sola mención, la UCR, Jorge Altamira, Luis Zamora, Hugo Moyano, José de la Sota, Alberto Rodríguez Saá y Manuel Garrido.

¿El kirchnerismo fogonea el 8N?

Si la semana pasada preguntaban si el cacerolazo del jueves 8 va a ser más masivo que el anterior yo planteaba mis dudas. Es cierto que está más instalado, sobre todo por los medios, pero también tengo la sensación de que el clima de bronca en septiembre era más pesado.
Las cadenas nacionales de Cristina, sumadas a frases desafortunadas, como la del miedo, fueron un factor movilizante. Eso ahora, por lo menos hasta la semana pasada, no se veia.
Pero algunos dirigentes K parecen estar dispuestos a lograr que la convocatoria supere a la del 13S. El Cuervo Larroque en Diputados la semana pasada, Aníbal Fernández y Ernesto Laclau ayer (uno tildando de extrema derecha la marcha, otro hablando de una clase que está por desaparecer) y Roberto Felleti hoy (en contra del ahorro en dólares), sólo generan mayor convocatoria.
¿Es algo planificado, para buscar victimizarse? ¿Querrán generar un espíritu golpista? ¿O simplemente es falta de tacto político?
Hay kirchneristas que entendieron el camino. "8N Yo no voy", un grupo de Facebook que lo que busca es destacar lo que ven de positivo en el Gobierno. El camino ese, y no la descalificación. ¿No?

El costo del relato: 7.743 millones

(Diario Perfil, 14/10/2012)

El gasto que el gobierno de Cristina Kirchner destinará a cuestiones vinculadas a los medios alcanzará este año la suma de 7.743 millones de pesos. Esa cifra, que surge del análisis del proyecto de Presupuesto 2013, representa un aumento del 33,5 por ciento comparando con el presupuesto que se había fijado para el año en curso.

El análisis reúne diferentes aspectos de los que hace uso el kirchnerismo para desarrollar su estrategia mediática, desde partidas destinadas directamente a la difusión de los actos de Gobierno hasta la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta, pasando por el Fútbol para Todos o las partidas para el funcionamiento del Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Para algunos opositores, todas estas partidas, en mayor o menor medida, están destinadas a sostener la difusión del tan mentado relato. Para los kirchneristas, en cambio, es el esfuerzo que se debe realizar para hacer frente a lo que Cristina denominó como “la cadena nacional del desánimo”.

Distintos ítems del Presupuesto 2013 distribuyen los recursos que el Gobierno utilizará para hacer publicidad de los actos de gestión. La partida “oficial” es la que está bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación Pública, que funciona en la Jefatura de Gabinete. Para 2013 tendrá, de no mediar modificaciones presupuestarias, 753 millones de pesos.

Sin embargo, la ley de leyes esconde fondos con el mismo fin en otras dependencias. En la Anses, por ejemplo, hay 483 millones de pesos reservados para utilizarlos en “Publicidad y propaganda”. Pero en la reseña de las tareas que realizará la Anses no se hace referencia a la difusión como uno de sus objetivos.

El Fútbol para Todos, que en los hechos funciona como una tribuna proselitista para el Gobierno, también verá crecer exponencialmente sus recursos. Tendrá 1.201 millones de pesos, un 72 por ciento más que lo presupuestado para 2012.

La agencia estatal Télam, además de funcionar como un portal de noticias afines al kirchnerismo, también es utilizado para pagar pauta publicitaria del Gobierno. En el Presupuesto no aparecen desagregados los recursos que recibe: figura en la jurisdicción “Obligaciones a cargo del Tesoro”

Allí se destinan 3.300 millones de pesos para las empresas públicas del sector, que incluyen, además de Télam, a Radio y Televisión Argentina SE, y a radios y canales de universidades.

Una de las partidas que más aumenta es la de “Acciones para la implementación del sistema de Televisión Digital Abierta”, que crecerá 138% para llegar a 268 millones.

Se trata de un sistema que por ahora solamente está transmitiendo señales de grupos afines al Gobierno.

¿Eternizar por decreto?

Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, aseguró que le gustaría que "se eternicen las políticas del Gobierno". Aclaró que no está pensando en una reforma constitucional, sino en que trasciendan en el tiempo algunas medidas aplicadas por el kirchnerismo. La gran duda, entonces, es por qué la Asignación por Hijo, uno de los emblemas de los últimos años, sigue estando avalada por un decreto de necesidad y urgencia. Larroque es diputado, pero nunca presentó un proyecto de ley para que se transforme en ley, una manera de darle un sustento legal mucho más trascendental. Para cambiar un decreto, solo basta la firma presidencial. Pero para cambiar una ley hacen falta nuevas mayorías. El decreto no es la mejor forma de eternizar una política. Curioso, ¿no?

Dos ejércitos de operadores chocan en Tribunales

(Diario Perfil, 14/10/2012)

La puesta en escena muestra al Gobierno y al Grupo Clarín enfrentándose en una batalla que ya tiene varios frentes judiciales abiertos. Sin embargo, por los pasillos de los tribunales, detrás de las bambalinas, hay una lista de soldados de ambos bandos que se encargan de llevar adelante las estrategias judiciales de sus jefes.

El multimedios tuvo que contratar los servicios de, por lo menos, cinco estudios de abogados en los últimos tiempos. Son letrados con una vasta experiencia y un acabado conocimiento del funcionamiento de la Justicia. En el caso contra Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de sus hijos durante la última dictadura trabajaron los estudios del ex juez Gabriel Cavallo y de Jorge Anzorreguy, hermano del ex titular de la SIDE. Para defenderse de las acusaciones sobre la adquisición de Papel Prensa se buscaron los servicios de Hugo Wortman Jofré.

Y para el caso en boga, referido a la Ley de Medios, Clarín contrató al estudio Sáenz Valiente y Asociados y a Felipe Llerena. En una primera instancia, al presentar la medida cautelar, también contó con el asesoramiento del constitucionalista Gregorio Badeni, que suele ser una voz de consulta del Grupo.

En este último tema, la defensa del Grupo confía en que el expediente que trata la inconstitucionalidad del artículo que lo obliga vender licencias se resuelva a su favor. Sin embargo, en caso de que la sentencia no llegue, planean pedir una prórroga de la cautelar, aduciendo que la culpa de la demora es del Estado nacional.

Por el lado del Gobierno, en tanto, hay diferentes espadas que se encargan de buscar la manera de cumplir con los designios de la Presidenta. Julio Alak, el ministro de Justicia, es la cara más visible, y quedó en evidencia estas semanas en las que presionó mediáticamente al juez subrogante del juzgado que debe expedirse sobre la Ley de Medios. Con su presencia, además, respaldó lo actuado por los representantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura, que tienen como uno de sus principales referentes al diputado Carlos “cuto” Moreno.

Sin tanta exposición pública, pero con injerencia también en los avatares judiciales, se destacan los nombres del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; del secretario de Justicia, Julián Alvarez; y del auditor general de la Nación, Javier Fernández. Todos con línea directa a CFK.

Acusan al kirchnerismo de armar una ley que favorecería a Monsanto

(Diario Perfil, 13/10/2012) (NOTA: el título que ponemos acá es el que originalmente se iba a publicar...)

Junio 2012. Cristina en Nueva York con las autoridades de Monsanto.

El gobierno de Cristina Kirchner está avanzando en la diagramación de una nueva ley de semillas que, según denuncian sus detractores, será beneficiosa para las grandes multinacionales del rubro, con Monsanto a la cabeza. En esencia, los dos puntos más controvertidos del proyecto son que prevé la limitación de la costumbre ancestral de los productores del uso propio de semillas y también que reduce la posibilidad científica de desarrollar nuevas variedades.

En contraste con el discurso que se opone a los grandes grupos hegemónicos, la administración de Cristina viene evidenciando un acercamiento a Monsanto, que es la empresa líder en el mundo (sobre todo desde el desarrollo de las semillas transgénicas) y que tiene ingresos anuales por 13.500 millones de dólares en todo el planeta.

La propia Presidenta se reunió en junio último en un viaje a Nueva York con el titular de la firma. Allí la empresa anunció inversiones en el país por 150 millones de dólares, incluyendo la construcción de dos centros de investigación y desarrollo en las provincias de Tucumán y Córdoba. Sin embargo, la relación también tiene su cuota de tensión: esta semana la AFIP suspendió a la firma del registro nacional de granos por una presunta evasión de 70 millones de dólares en el pago de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Agricultura, liderado por Norberto Yahuar, presentó un anteproyecto de ley y armó una mesa de consenso para discutirlo entre las partes involucradas. La Federación Agraria Argentina (FAA) decidió abandonarla luego de denunciar que el proyecto “avanza peligrosamente a la entrega de soberanía nacional y tecnológica” y repudiar que no se arman mesas de consenso para resolver otras problemáticas.

“Esto no tiene nada que ver con el modelo nacional y popular”, le aseguró su presidente, Eduardo Buzzi, a PERFIL. “Este es un gobierno que cada vez que viaja a Estados Unidos tiene reuniones que son señales de su verdadera esencia: primero fue con (la minera) Barrick, después Monsanto y ahora (por el último viaje) con George Soros, todos fenomenales ganancias”, agregó.

En la FAA sostienen que al limitar el uso propio (que es la posibilidad que tienen los productores de guardarse semillas o reutilizar las que deja la cosecha), todos van a tener que pagarle regalías a Monsanto, Syngenta u otros “obtentores” de semillas. Hoy en día el pago solamente se realiza al comprar las semillas.

Por otra parte, denuncian que el proyecto limita el desarrollo tecnológico de los pequeños productores de semillas, quienes hoy pueden cruzar diferentes variedades para sacar una nueva. El texto limita ese trabajo al incorporar el concepto de “variedades esencialmente derivadas”, de una manera amplia y abierta a discrecionalidades. Cuando se anunció, el Ministerio afirmó que la iniciativa defendería los desarrollos locales, como los del INTA.

Consultados por PERFIL, voceros de la empresa Monsanto aseguraron que es “totalmente inexacto” que el proyecto los beneficie. “La ley trata de definir cuál es el uso propio gratuito que debería existir sin pagar regalías”, explicaron. Y señalaron que Monsanto “nunca cobró regalías” y que “no hay nuevas tecnologías en soja porque no hay retorno a la inversión”. La compañía argumentó que la ley favorecería el desarrollo biotecnológico. Además, explicaron que Monsanto “viene trabajando para lanzar nuevas tecnologías patentadas en soja”, pero que se regulan con la ley de patentes y no de semillas.

El problema del uso propio no es sólo local. En Estados Unidos, la Corte Suprema aceptó definir una denuncia contra Monsanto por el cobro de regalías en esa situación.

Desde el Ministerio de Agricultura no hubo respuestas a la consulta de PERFIL. Fuentes de esa dependencia se limitaron a aclarar que es una “ley consensuada, que tiene el 90 o 95 por ciento de acuerdo”. Desde Monsanto, además, criticaron a la FAA “porque siempre se opone a cualquier cambio”. Sin embargo, en la FAA sostienen que la mesa está compuesta por una mayoría de sectores vinculados directa o indirectamente a Monsanto y el resto de las multinacionales.

En la Mesa de Enlace, la discusión en torno al proyecto generó diferencias. Todas las entidades criticaron el límite que se establece al uso propio, pero sólo la FAA enfrentó el proyecto. Desde la Sociedad Rural y CRA criticaron sin rechazar la iniciativa. En la última, no obstante, surgieron diferencias. Roberto Campi, que es uno de sus representantes en la mesa de consenso, escribió que el proyecto “cumple con todos los requisitos para ser nac & pop: beneficia a los grandes, perjudica al campo y tiene profundas falencias”.

Los caceroleros que organizan el 8N prometen más gente que la del 13S

(Diario Perfil, 7/10/12)

Recuadro: Lílita, la preferida

Yamil Santoro, Jorge Sonnante, Luciano Bugallo y Marcelo Bustos.

PERFIL reunió a seis de las caras que están detrás de los cacerolazos. Prefieren decir que no son “los organizadores”, para evitar generar rispideces con aquellos que también convocan pero mantienen un perfil bajo. Dicen que el fenómeno “no tiene líderes” y que ellos sólo son “responsables de canalizar la comunicación”. Lo cierto, sin embargo, es que administran las páginas de internet o grupos de Facebook que se volvieron lugar de referencia de los manifestantes.

Mariana Torres, Marcelo Morán, Marcelo Bustos, Yamil Santoro, Jorge Sonnante y Luciano Bugallo se conocieron por las redes sociales o directamente en la calle, cacerola en mano, en las primeras manifestaciones de mediados de año. Así comenzaron a tender puentes y a “estar siempre en contacto”. Ahora ya están convocando para el 8N, pero ni ellos saben decir de dónde salió la fecha.

“No queríamos cometer errores anteriores de convocar a la semana o a los quince días, porque la gente se cansa o aburre”, coincidió Bugallo. “Pero no se puede saber nunca quién fue el primero que tiró la fecha... no hay una organización”, señaló Sonnante. Y Torres aclaró: “Nosotros nos subimos a la del 8N para no cansar a la gente, porque todos quieren proponer su fecha y después se termina desgastando”. En el medio hubo convocatorias para el 28 de septiembre y el 1º de octubre, pero ellos no las difundieron y ninguna prendió. “Otro tema importante es que esperamos en octubre la respuesta del Gobierno, que está obligado a salir a la calle, por el 17 y por el aniversario de Néstor”, agregó Santoro.

Torres y Morán administran tres páginas de Facebook. La más conocida es “El Anti K”, que tiene más de 40 mil adherentes. Se conocieron hace tres años, cuando ella adhirió a la página “No a la renuncia de Julio Cobos” que él había creado y desde entonces son pareja. Ella contadora de Ituzaingó, él abogado de San Miguel, ahora dedican su tiempo libre a administrar las páginas y contestar mensajes. “Es un vicio,”, reconoce Torres, madre por triplicado.

Morán es de los más duros. Fue el único de la mesa que participó del escrache a Guillermo Moreno. El resto repudia ese método, aunque hacen la excepción con la protesta en la casa del juez Oyarbide, porque fue “espontánea”.

Santoro, Bustos, Mariana Torres, Marcelo Morán y Sonnante.

A todos les cuesta encontrar aspectos positivos del Gobierno. Torres y Bugallo, con esfuerzo y quitándole méritos al kirchnerismo, nombran la política de derechos humanos y la asignación por hijo. Ella agrega el matrimonio igualitario y él que le despertaron a los jóvenes el gusto por la política. Bustos rescata la política en Ciencia y Tecnología, pero asevera: “Si partimos de la base de que es un Gobierno que está corrompido y que no respeta las leyes, no creo que pueda tener algo rescatable. Y después de doce años estamos con la misma cantidad de pobres”. Para Santoro, si se tiene en cuenta “la presión tributaria y la distribución a las provincias, todo lo que pueda levantar el Gobierno como bandera es una vergüenza”. Morán y Sonnante dicen que no pueden nombrar “nada positivo”.

Este último hace dos años fundó, con cuatro amigos, el Movimiento de Indignados Argentinos, primero haciendo acción social y ahora ya lanzados al plano político. Vive en Caballito, es teólogo y diplomado en administración de empresas. Hoy tiene un microemprendimiento por internet y es consultor en la rama de poligrafía. “Sé cuándo la Presidenta miente”, se ufana.

A la hora de reclamar enumeran: respeto de la República y las instituciones, lucha contra la corrupción, mayor libertad (“tanto de los ciudadanos como de los medios”), rechazo a la reforma constitucional y la re-re. La inflación también figura, pero en segundo plano. Y niegan que el cepo al dólar sea un disparador. “La única manera de canalizar los cacerolazos es políticamente, pero creo que es positivo porque sirve para llamar la atención”, analiza Bugallo. Proveniente de una familia agropecuaria de la localidad bonaerense de Ascensión, cerca de Junín, se “despertó” en 2008, durante el conflicto con el campo. Hoy integra REC (Red Encuentro Ciudadano), un organización con gente de diferentes partidos. Se lo vinculó al PRO, porque participó de un curso de un macrista, pero él asegura que participó de diversos cursos. Incluso uno del Gobierno sobre, precisamente, “manejo de redes sociales”. Su grupo “Cacerolazo” tiene 14.500 seguidores, administra otras páginas y colabora con “El Cipayo”, otro grupo “famoso”.

Los seis consideran “exagerado” que se hable de dictadura o nazismo, y dicen que es imposible controlar a todos. Sin embargo, algunos en sus páginas colgaron imágenes o textos alusivos. Y todos niegan querer que Cristina deje el Gobierno. “Porque si no nos queda Boudou o Rojkés... peor”, ironiza Torres. “Dudo que no estemos en una dictadura”, dice Morán. “Técnicamente, dictadura es todo gobierno que está por encima de las leyes, y en esa acepción es una dictadura”, asiente Santoro. El es el único que ya incursionó en el mundo partidario. Primero en el Federal Republicano y después en el Liberal Libertario. En enero se abrió y ahora sigue militando en las redes, incluso viajó a Venezuela para apoyar a Capriles. Se hizo famoso por quedarse en calzones en la Plaza de Mayo el 13S.

Es de Lugano y trabaja como maestro integrador en un colegió judío ortodoxo. A su lado, Bustos sostiene que “un gobierno democrático se puede convertir en dictador mediante la acumulación de poder en una única persona y el no respeto a la ley”. Nunca tuvo militancia política, aunque dice que en los ‘90 participó de actos contra funcionarios menemistas. En los primeros cacerolazos de este año se juntó con otra gente y formó Ciudadanía Activa, “un grupo que intenta darle identidad a eso que empezó como una protesta con la cacerola”. Es corredor inmobiliario, y vive en Palermo.

Bugallo y Santoro son los únicos que se imaginan un futuro en la política. El resto no quiere ni pensarlo. Mientras tanto, se ilusionan con el 8N supere con creces al 13S.

"En EE.UU. se conoce poco a Cristina", dice el creador de la cátedra argentina

(Diario Perfil, 23/9/12) 
(También recomiendo la entrevista de Pagina/12, que es más académica, y menos política)

Erick Langer es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, donde el próximo miércoles Cristina Kirchner inaugurará una cátedra sobre la Argentina. Sin darse cuenta, Langer utilizó una muletilla kirchnerista para describir que será “una cátedra para todos”, en el sentido de que tendrá “diversidad de opiniones y fines académicos”. Después del discurso de la Presidenta, se abocarán a temas como “la imagen de Evita en el imaginario político” y “la relación bilateral con Estados Unidos”.
—¿Por qué decidieron hacer la cátedra?
—Porque nos parecía que a la Argentina se la había dejado de lado en la discusión sobre América latina. Se hablaba de Brasil, Colombia o México. Pero la Argentina, que es un país sumamente importante, había dejado de estar en primera plana. Esperamos que pueda servir para mejorar las relaciones bilaterales, no solamente de los gobiernos sino también al nivel de la sociedad civil.
—¿Y por qué la Argentina fue dejada de lado?
—Más que nada porque Brasil surgió en el imaginario como un país muy importante. Acá se habla de Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Y obviamente no es Bricsa ni nada de eso... la Argentina no figura. Pero creo que es importante que se la tome en cuenta en toda su complejidad.
—¿La embajada participó?
—Sí, el embajador Jorge Argüello fue fundamental. El me lo propuso y me pareció una idea excelente. Y me ayudó a conseguir los fondos. Obviamente, vamos a tomar en cuenta toda la diversidad que existe en la Argentina. Y él estuvo de acuerdo en que esto no puede ser un órgano de propaganda.
—¿Cuál es la visión de la Argentina que debería mostrar la cátedra?
—Que es un país muy complejo y diverso. Con muchas riquezas y también con sus problemas, pero que vale la pena conocer. Que tiene importancia tanto en el hemisferio como a nivel mundial, donde es parte del G20. Lo importante es que no se llegue a caricaturas de la Argentina, sino que se entienda de una forma más sofisticada. 
—¿Cuáles son las riquezas y los problemas que se ven?
—Entre las riquezas está que es uno de los países más importantes en producción agrícola. También tiene muchos recursos mineros y energéticos. Hay una riqueza cultural muy importante. Y me encantan sus vinos... Bueno, y el fenómeno del peronismo es algo único en el mundo. Un problema económico importante es que la Argentina sigue exportando sobre todo materia prima. Para colmo, ahora China se está desacelerando y eso va a afectar profundamente a la Argentina. Y evidentemente hay una división política muy importante, y eso creo que a la larga no es bueno. Hay que tener consenso en algunas cosas. Acá estamos teniendo un proceso parecido.
—Entre los presidentes latinos, ¿qué imagen se tiene de Cristina en Estados Unidos?
—Lamento decir que se la conoce poco a Cristina. Se conoce más a Dilma Rousseff, o a Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y ahora (Enrique) Peña Nieto. Y ni hablar de (Hugo) Chávez, el más famoso de todos. Y Raúl Castro, por supuesto también. Se sabe que ganó las elecciones con una mayoría absoluta, pero no se conoce mucho más.
—¿La charla va a estar abierta a preguntas?
—Va ser abierta a preguntas para estudiantes. No podemos hacer acá lo que no se hace en la Argentina. Sería el colmo que haya ruedas de prensa acá y no allá. Y nosotros queremos destacar la cátedra argentina, y si se hiciera rueda de prensa se volcaría a temas internos y no conseguiríamos ese efecto.
—La Presidenta siempre hace mención a una refundación del país. ¿Comparte esa visión?
—No conozco suficientemente su discurso para poder opinar. Me parece que muchos movimientos políticos intentan refundar el país, y eso es parte de la retórica. La presidenta Kirchner viene de una larga herencia peronista y está actuando dentro de esa lógica. Yo como historiador veo más continuidad que otra cosa.