Vinculan a De Vido con una constructora

Se trata de Panedile, una firma que desde 2003 ha tenido un vertiginoso crecimiento en las licitaciones. La encabeza Hugo Dragonetti, un ex funcionario del gobierno de Isabel Perón.

(Diario Perfil, 5/5/13)

El escándalo Lázaro Báez dejó en la mira el reparto que Julio De Vidoha hecho de los millonarios fondos con los que contó el Ministerio de Planificación en la última década. Pero los favoritismos no se redujeron al empresario santacruceño. En ese marco, se destaca la empresa Panedile, a quien diversas fuentes políticas, empresarias y periodísticas de distintos puntos del país, no dudan en vincular con el poderoso ministro.

La frases que se repiten van siempre en el mismo sentido: “Llega con el espaldarazo de Nación”, “tiene la banca del ministro” o, incluso, sin pruebas que lo acrediten, “Panedile es De Vido”. La constructora, que pertenece a Hugo Dragonetti, viene teniendo fuerte injerencia en provincias como Santiago del Estero y San Juan, donde ya son vox pópuli las menciones respecto al vínculo funcionario-empresa. Un constructor de otra provincia, conocedor del paño, también reconoció que en el ambiente esa noticia es moneda corriente. Y coincidió con la visión de un gran empresa constructora.

Los números, además, respaldan lo que se comenta. Panedile es una empresa fundada por capitales italianos en 1947, que hasta principios de la década del 90 se destacó en la construcción de represas hidroeléctricas. En 1996, la empresa cambió de dueños y se “argentinizó” (en 2000 ingresa la familia Dragonetti). Pero en ese período apenas hizo tres obras. Hasta que desde 2003 sufrió un reverdecer: le adjudicaron treinta obras, por un presupuesto que la misma empresa reconoce, en total, como de 1.752 millones de dólares.

Ante la consulta de PERFIL, desde la empresa aseveraron que “Panedile no tiene ningún vínculo” con De Vido. Desde el Ministerio de Planificación, en tanto, respondieron que no realizarían “ningún comentario” al respecto. “Las acciones y el directorio se integran de la siguiente manera: presidente, Hugo Dragonetti y los accionistas son los cinco hijos del presidente de la empresa, cada uno con el 20%”, detallaron desde la firma. Los antecedentes de Dragonetti incluyen haber sido funcionario (subsecretario de Obras Públicas, entre otros cargos) durante el tercer gobierno de Juan Perón y su sucesora y viuda, Isabel.

Respecto del crecimiento en los últimos años, desde Panedile responsabilizaron a la “difícil situación económica que atravesó el país” por las pocas obras que realizaron antes de 2003. Sin embargo, un análisis más detallado indica que durante toda la década del 90 la empresa (con los dueños anteriores) sólo realizó, de principio a fin, dos obras viales. Los nuevos propietarios afirman que desde 2000 la firma “ha adquirido mayor maquinaria y ha capacitado a sus recursos humanos de manera tal que la firma es hoy una de las empresas más demandadas en la construcción de obras”.

El crecimiento de Panedile, además, le permitió ir aumentando su estatus en el “Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitaciones”, un listado que realiza periódicamente la cartera de De Vido sobre las empresas constructoras.

En el ambiente, Panedile sigue siendo destacada como especialista en la construcción de diques. Sin embargo, desde 2003 para acá se tuvo que unir con Techint para terminar dos represas en San Juan y le asignaron una tercera en Santiago del Estero, que está sospechada de sobreprecios (la empresa dice haber perdido cinco millones de pesos) y tuvo fallas técnicas al poco tiempo de inaugurada. Por el contrario, en este período Panedile se destacó en la realización de obras viales y, en los últimos años, fue noticia por dos polémicas obras de arquitectura: el Teatro del Bicentenario en San Juan (280 millones de pesos) y dos majestuosas torres en Santiago donde se mudarán ministerios, denominadas allí como “las Torres Gemelas” (más de 400 millones de pesos).

La “argentinización” de Panedile, además, le permitió ampliar las fronteras. Los réditos que ha tenido en estos años le permitieron lanzar un emprendimiento privado en la exclusiva zona de Punta Ballena, en Punta del Este.

Radiografía de la complicidad entre los gobernadores y sus Lázaro Báez

Santa Cruz no es una excepción. En la mayoría de las provincias, las obras públicas enfrentan denuncias de sobreprecios, favoritismos y vínculos con las autoridades locales

(Diario Perfil, 28/4/13)

Julio De Vido.

El modelo de Lázaro Báez en Santa Cruz no es un caso aislado. Las investigaciones desnudaron la historia de un empresario beneficiado con la obra pública y sospechado por supuestos sobreprecios que esconderían una trama corrupta. Este modelo, sin embargo, se replica en todo el territorio argentino, con gobernadores que privilegian a un grupo de empresarios y reciben, en consecuencia, las críticas y sospechas de la oposición.

El modelo es el mismo que aplicaba Néstor Kirchner con las empresas de Báez en Santa Cruz, nacionalizado una vez que llegó a la presidencia. Las obras públicas más importantes del país se hacen, casi en su totalidad, con fondos que distribuye el ministro de Planificación, Julio De Vido. Son los gobernadores, con su aval, los que deciden qué empresas harán los trabajos.

Las variaciones, no obstante, son propias de cada provincia. En algunos casos, los mandatarios benefician a empresarios nuevos, casi desconocidos, que de un día para el otro toman relevancia y comienzan a ganar licitaciones. Otros, en cambio, se acercan a los grandes empresarios de la zona, que se perpetúan como los principales beneficiarios. Por último, los casos más polémicos son los que le adjudican obras o contratos a empresas de familiares o incluso propias.

Los mecanismos también esconden diferencias. Hay provincias donde las licitaciones se realizan respetando todos los plazos reglamentarios. Y contrastan con aquellas donde ni siquiera se respetan los trámites legales. En todos los casos, sin embargo, la conclusión es similar: las mismas empresas se reparten las obras más importantes. O por adjudicación directa o por licitaciones sospechadas. Las firmas más chicas, en consecuencia, se resignan a recibir los contratos para las obras menores, garantizándose así los gobernadores la paz empresarial.

Nombres conocidos. Hay provincias donde no es misterio quién es el favorito. En Formosa, por ejemplo, las miradas apuntan a Pedro Doval Vázquez de la empresa Industrial y Constructora SA. Gana la mayoría de las obras viales. Y comparte el podio con las empresas de Juan Carlos Relats (un correntino con inversiones en todo el país y que incluso explotaba el hotel Los Sauces de los Kirchner) y por Sucesión de Adelmo Biancalani SA (Lázaro Báez adquirió el 51% de la empresa). Cada compañía se queda con un tramo o, en algunos casos, se asocian en uniones transitorias de empresas (UTE). “Son sostenedores económicos del proyecto del gobernador Insfrán”, apuntó un empresario local, que calculó en $ 1.000 millones las inversiones en vialidad en los últimos seis años. Vázquez, en respuesta a la consulta de PERFIL, rechazó ser uno de los más beneficiados, destacó que la empresa tiene veinte años de trayectoria y justificó en su capacidad técnica, económica y financiera “la eventual adjudicación de obras”.

Santiago del Estero es una de las provincias que más fondos recibió de Nación, incluso para obras polémicas como el aeropuerto de Río Hondo o el dique Figueroa (sospechado por sobreprecios). “En Córdoba no podés facturar el triple como en Santiago”, graficó el senador radical Emilio Rached. Allí, es vox populi que el encargado de distribuir las obras (y quedarse con la porción más alta) es Miguel Sarquiz, de la empresa Mijovi. Una de sus sociedades, además, le abrió las puertas porteñas, donde tiene un emprendimiento en Puerto Madero.

En La Pampa, quien viene ganando muchas licitaciones es Jubete Constructora, de Omar Angel Jubete. Hizo, entre otras obras, un millonario autódromo. Según investigaciones periodísticas, entre 2008 y 2011 hizo el 81% de las obras viales provinciales. El hijo del gobernador Oscar Jorge estaba relacionado como “asesor financiero”, pero desde la empresa aseguran que ese vínculo ya no existe.

En Corrientes y Mendoza, en tanto, también se destacan empresarios con historia. En la primera, por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas, por lo que los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitia (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias que recibió importantes contratos públicos. En Mendoza, las miradas apuntan a Omar Alvarez, con multimedios en San Rafael e inversiones en energía y obra pública.

En familia. “En La Rioja no hay licitaciones, sino que las adjudicaciones se dan a través de ONGs que contratan a las empresas”, explica el diputado Julio Martínez (UCR). En ese marco, la principal beneficiaria es Pircas Negras, un grupo de empresas conducido por Carlos “Lalo” Herrera y Raúl Moreno. Se trata del hermano y el sobrino del gobernador Luis Beder Herrera.

“Desde que llegó Alperovich a Tucumán son mínimas las licitaciones públicas. Ante cada obra importante la Legislatura aprueba una excepción”, describe una fuente tucumana. Allí hay un pool de empresas que se destacan: Avanco y Elgart Construcciones. La primera la conduceRubén Rojkés, hermano de la primera dama (pero también Alperovich es accionista), y la segunda es de Leonardo Elgart, marido de Sara Alperovich, la hermana del gobernador.

En Misiones, el principal negocio está en el turismo, donde se destaca la empresa Carlos Enríquez SA, conducida por Roberto Enriquez. A través de una UTE, tiene la concesión del Parque Nacional Cataratas del Iguazú. El 21% de esa UTE pertence a Petrovalle SA, de familiares del gobernador Maurice Closs (antes de asumir también era accionista). Los beneficios de la empresa de Enríquez también llegan a la obra pública. En agosto del año pasado, por ejemplo, le adjudicaron la autovía Posadas- San José, por $120 millones.

Caras nuevas. En el Chaco coinciden en que los contratos de obra pública están “bastante democratizados”. Sin embargo, el nombre de Mateo Alemán es el que más sobresale. Sindicado como “muy cercano” al gobernador Capitanich, armó una cámara de la construcción paralela y su empresa Cre Nor SRL ganó varias licitaciones.

En Entre Ríos, dos años después de asumir Sergio Urribarri se creó la empresa Szczech & Szczech. Hoy es una de las principales contratistas: Hospital de Gualeguaychú (en UTE), dos escuelas, 200 viviendas, entre otras obras, que suman, como mínimo $ 260 millones. Su titular,Néstor Iván Szczech, llegó a ser presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.

Ya sea con caras nuevas,  nombres ya conocidos o familiares emprendedores, todos tienen su empresario predilecto. Así la obra pública queda siempre en las mismas manos, y las suspicacias tienen cimientos fuertes.

Más gastos que avances

La relación entre obra pública y corrupción es una controversia presente en todo el mundo. En Argentina, el flagelo es difícil medir. Hay sospechas por obras que se licitan con un presupuesto pero terminan costando varias veces más, otras que llaman la atención por sus diferencias con obras similares en otras provincias. Pero en todos los casos, lasinvestigaciones quedan en la nada.

Ante esta situación, la consultora Federico Muñoz & asociados realizó un ejercicio que ayuda a sostener la hipótesis de sobreprecios, pero que, según aclara, no puede tomarse como prueba. El trabajo compara el crecimiento, entre 2004 y 2011, de dos índices: la inversión del Estado (con datos presupuestarios del Ministerio de Planificación), y el ritmo de la construcción que mide el Indec.

Del índice elaborado por el Instituto,  denominado ISAC, sólo se tomaron dos sub-rubros, que engloban a la obra pública. La conclusión del informe es que el gasto en este tipo de inversiones creció a un ritmo mucho más intenso (más del doble) que los volúmenes reales de obras realizadas.

Sin épica y en el peor de los mundos

(Pubicado en Diario Inédito)

Todo lo que está relacionado al presidente iraní, Mahmud Ahjmadinejad, me cae mal. Será porque soy judío (aunque hay otros que parecen ser más contemplativos), será por mi forma de pensar, o será simplemente por una cuestión de química. Pero alguien que niega sistemáticamente el holocausto, pide la eliminación de Israel y el sionismo, y ampara a grupos terroristas como Hamas o Hezbolla merece mi más firme rechazo. Ahora bien, ¿cómo analizar el entendimiento firmado entre su gobierno y el nuestro despojándome de estos sentimientos? Ahí va un intento.

“Justicia, justicia perseguirás”, rezan los textos tradicionales del judaísmo. Y ese es el principal interés de todos los que levantamos la bandera de la causa AMIA. Justicia y Memoria. Si el acuerdo con Irán permite avanzar en ese sentido, bienvenido sea. La crítica de que la Argentina pierde soberanía al permitir que los interrogatorios se hagan en Teherán debería quedar de lado si la Justicia prospera. Dignificaría al país que ese nefasto capítulo se pueda cerrar con Justicia. Además, si el acuerdo era que se los juzgue en un tercer país, también se podría haber dicho que se perdería soberanía.

Sin embargo, nada indica que el entendimiento con Irán permita llegar a ese final “feliz”. El gobierno iraní viene negando que la Justicia argentina pueda interrogar y juzgar a los principales acusados de ser los autores intelectuales (y financieros) del atentado. La Interpol, conformada por 190 países, aprobó los pedidos de captura luego de analizar las presentaciones que hizo la Argentina. Es decir, la investigación tiene un respaldo internacional de peso. La creación de una Comisión de la Verdad no sólo pone un manto de duda sobre lo realizado por la Justicia argentina sino también sobre el aval que dio este organismo.

Por otro lado, esa Comisión, conformada por supuestos prestigiosos juristas internacionales, va a poder dar recomendaciones, pero no va a tener carácter determinante. Es decir, el gobierno iraní podrá volver a desconocer su resolución, como viene haciendo hasta ahora en todo lo relacionado al caso.

Por último, parecería ser difícil que cuando se sienten en los interrogatorios los acusados acepten sus responsabilidad en los hechos (¿estarán obligados a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?). Y entonces surge una pregunta crucial: ¿De qué sirve interrogarlos si no hay garantías de después poder juzgarlos?

¿Qué provecho puede sacar la Argentina de esta negociación entonces? A simple vista, ninguna. A lo sumo seguir manteniendo un superávit comercial con Irán, pero parece una cuestión menor si se la compara a la necesidad de obtener justicia. “Jamás permitiremos que la tragedia AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos”, tuiteó Cristina Kirchner. La interpretación es que no se permitirá que lo usen otros, pero que sí la Argentina puede utilizar la tragedia como pieza de ajedrez. Es lo que hace el gobierno al alejarse de lo que pretende Estados Unidos y parte de la Unión Europea, y acercarse a las posiciones más contemplativas con Irán que tienen potencias como China y Rusia (en sintonía con la postura que en América Latina tienen Venezuela y Bolivia).

¿Qué provecho puede sacar Irán de esta negociación entonces? A simple vista, todo ganancias. Se muestra abierto a resolver un problema, a pesar de que hasta ahora no hizo nada al respecto. En tiempos donde parte del mundo occidental lo presiona para que frene sus intentos de proliferación nuclear se muestra negociando con un importante país latinoamericano, que como si fuera poco forma parte del G20. En el medio, gana tiempo para intentar reposicionarse “en el tablero de intereses geopolíticos”. Y, como si fuera poco, la historia podría terminar con que la Comisión de Verdad no concluya lo mismo que la Justicia argentina, por lo cual toda la investigación podría ser puesta en duda.

En conclusión, la épica con la que Cristina intentó presentar el acuerdo podría terminar en el peor de los mundos. No sólo sin justicia, sino que con retrocesos. Y todo esto quitando del análisis que se está negociando con Ahjmadinejad. “Pero este año termina su mandato y no puede volver a ser reelecto”, me podría criticar alguien. Es cierto. Como también lo es que dos de los acusados por el atentado son candidatos a sucederlo.

Siete dirigentes ponen en juego su futuro presidencial en las elecciones legislativas

(Diario Perfil, 20/1/13)

El mundo político tiene todas sus miras puestas en las elecciones legislativas de este año. Sin embargo, todas las decisiones se tomarán con un objetivo claro: quedar posicionado de la mejor manera posible de cara a las presidenciales de 2015. En ese sentido, hay por lo menos siete dirigentes que se juegan gran parte de su destino político en la inminente campaña electoral.

En el peronismo se viven tiempos convulsionados. Existe una creencia casi generalizada de que las chances de que el kirchnerismo logre modificar la Constitución son escasas y que, por ende, Cristina Kirchner no tendría posibilidades de volver a ser electa presidenta. Así, los peronistas están empezando a organizarse con el objetivo puesto en 2015, y parte de esos movimientos podrían empezar a darse en esta elección.

La propia Cristina se juega en las legislativas la posibilidad de mantener una cuota de poder importante, que le permita tener voz y voto en la definición de su eventual sucesor. Un mal resultado, en cambio, la dejaría herida. Los peronistas que caigan mejor parados, en ese instante, darán inicio a la larga carrera para quedarse con la candidatura más preciada.

En ese contexto, Daniel Scioli y Sergio Massa aparecen como dos figuras de peso que se juegan en estas elecciones gran parte de sus aspiraciones para 2015. El gobernador bonaerense ya admitió sus intenciones de ser presidente pero, a pesar de que eso le valió la reprimenda de muchos kirchneristas, sigue jugando adentro del esquema de poder. Hay quienes especulan, sin embargo, con que le convendría romper en esta elección para adelantar la separación.

El intendente de Tigre, sin embargo, también podría dar una sorpresa. Primero debería confirmar si será candidato a diputado. Y luego si lo hará con el kirchnerismo o en su contra. Esta última opción pondría en una situación incómoda a Scioli, que podría perder terreno por quedar cerca de Cristina más tiempo. Massa suena como eventual candidato a gobernador en 2015, pero un buen resultado en la provincia más importante del país, y sobre todo si es en contra de un kirchnerismo todavía con poder, lo habilitaría a imaginarse algo más.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, es el otro peronista que ya avisó que quiere ser presidente, aunque las encuestas todavía lo muestran lejos. Cómo queden posicionados los jugadores después de las elecciones le indicará a De la Sota si tiene margen para tirarse al ruedo o no. Mientras tanto, deberá revalidar su poderío en Córdoba, ganándoles a todas las fuerzas que se le oponen, incluido el kirchnerismo.

Dentro del oficialismo hay otros gobernadores que también tienen aspiraciones presidenciales, aunque todavía no lo expresaron públicamente. Amplios triunfos en sus provincias los dejarían bien parados.

En la oposición, por otra parte, también empezarán a definirse las candidaturas 2015 en 2013. Mauricio Macri y Hermes Binner son los que hoy aparecen mejor posicionados; sin embargo, deberán revalidar títulos en la legislativa. Al jefe de Gobierno porteño se le suele criticar por no tener una estructura nacional. Por ello, deberá demostrar en estas elecciones buenos resultados, por lo menos en los grandes distritos (algo que lograría en Capital y Santa Fe). Esa realidad lo lleva incluso a no descartar ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Binner, en tanto, será candidato a diputado en Santa Fe. Necesita ganar, con autoridad, para que su candidatura presidencial se mantenga a flote hasta 2015. Un paso en falso lo dejaría debilitado.

El radicalismo, mientras tanto, no tiene en la actualidad un dirigente que se posicione como candidato presidencial indiscutido. Julio Cobos, uno de los que saldrán a la cancha en 2013, es el que mejores posibilidades tiene. Será candidato a diputado en Mendoza, y una importante victoria volvería a darle notoriedad.

Clarín ya activa el plan B para frenar la Ley de Medios

Busca tener alternativas judiciales por si la Corte le da la razón al Gobierno. La disputa amenaza con volverse interminable. El Grupo mantuvo en secreto la estrategia.

(Diario Perfil, 20/1/13)
(La multiplicación de causas abrió una polémica judicial)

Estrategas. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, junto al
 abogado del Grupo, Damián Cassino.

La pelea judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede terminar convirtiéndose en una suerte de historia sin fin. Lejos de la fantasía de la película infantil homónima, los abogados del multimedios presentaron una nueva denuncia, esta vez en Mar del Plata, con un claro objetivo: seguir frenando los artículos de la ley que más lo perjudican.

De prosperar, esta presentación correría por otro andarivel de la causa “principal”, que está actualmente en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que podría terminar en la Corte Suprema a mitad de año (ver aparte).

A fines de noviembre, con la incertidumbre del 7D a cuestas, Cablevisión presentó una medida de no innovar ante el juez Alfredo López, con sede en la ciudad balnearia. El magistrado se declaró incompetente, al sostener que el mismo objeto estaba siendo tratado en otra jurisdicción. La empresa apeló y los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza, a pesar del dictamen contrario del fiscal general Daniel Adler, rechazaron esa interpretación.

El fiscal, en su dictamen, aseguraba que había una similitud entre ambas causas, basado en que Cablevisión es parte del Grupo Clarín y que ambas presentaciones sostienen perseguir “la conservación en toda su plenitud (…) de las licencias” de Cablevisión.

Los camaristas, sin embargo, rechazaron esa lectura y aceptaron el argumento de la empresa de que persigue finalidades distintas. En este caso, sostiene Cablevisión, no está pidiendo por la constitucionalidad de algunos artículos, sino que busca “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”.

Ahora, el fiscal evalúa apelar esta decisión, por lo que terminaría siendo la Corte Suprema la que definiría si son dos causas separadas o una sola. Desde el Gobierno interpretaron que la presentación buscaba ser un respaldo del Grupo ante la caída, el 7D, de la otra medida cautelar. Ahora, sin embargo, creen que puede ser una estrategia de Clarín para buscar fallos a su favor y seguir poniendo trabas a futuro. Y no descartan que se hayan hecho presentaciones similares en otros lugares.

Fuentes vinculadas al multimedios reconocieron la existencia de la causa, pero guardaron un fuerte hermetismo respecto de su contenido. Simplemente reconocieron que “no tiene nada que ver con el reclamo de inconstitucionalidad”. Otra voz de la empresa aseguró desconocer que haya una estrategia en ese sentido y expresó tenerle “fe al desarrollo de la causa principal”.

Sin embargo, otra fuente, indirectamente vinculada a Clarín, reconoció que se vienen iniciando demandas en distintas jurisdicciones, pero todas con motivaciones distintas. En algunos casos, explicó, no se trata de presentaciones de la empresa sino de empleados, asociaciones de consumidores o vecinos afectados.

Ya existe otra causa, que está en manos de la Cámara Civil y Comercial, que también frenaría la desinversión de Clarín. Es la que busca evitar el cierre de Fibertel (que resolvió el Gobierno en 2010). Esa decisión fue frenada por el juez Roberto Torti, quien también comunicó a la Afsca que las redes de Cablevisión y Fibertel no se pueden dividir.

La mayoría de los gobernadores se niega a dar a conocer su riqueza

Sólo siete exhibieron su declaración jurada. Algunos mandatarios enfrentan denuncias por enriquecimiento. Hay provincias donde la ley aún no los obliga a publicitar sus bienes.

(Diario Perfil, 13/01/2013)

También ver "Intendentes ricos en un Conurbano pobre" o la nota completa publicada en 2010.

El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.

El debate lo trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.

La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.

En negro. Sobre 17 provincias fue imposible tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Cruz), PERFIL insistió por diversas vías pero no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar alguna respuesta.

Los casos de José Alperovich (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento patrimonial. En Tucumán todavía no existe una Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich, presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6 millones. En Santiago del Estero la ley indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.

Un caso paradigmático es el de Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios. Para el gobierno de Scioli, al parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la termine de armar la hará pública”.

Situaciones similares se vieron en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos PERFIL se comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero nunca lo hicieron.

La excusa de las vacaciones, como dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis, Neuquén, La Rioja y Corrientes.

Números. De las presentaciones a las que tuvo acceso PERFIL se desprende que Mauricio Macri es el que declara mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno porteño tiene $ 61 millones de patrimonio. Lo llamativo fue que en un año aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío materno.

El gobernador pampeano, Oscar Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón.

Las declaraciones de José de la Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $ 3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el detalle de los bienes.

En tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo tras su divorcio (-38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.

¿Y ahora qué?

Luego del fallo del juez Alfonso, que decretó que los artículos cuestionados de la ley de medios son constitucionales, la pelea está lejos de cerrarse. Sabbatella se presentó ante Clarín, como habíamos anticipado en Perfil, para notificar que se inició el proceso de transferencia de las licencias que el grupo debe vender. Sin embargo, se prevé que la Justicia lo frenará hasta que la Corte Suprema de la respuesta final. Antes, igual, se va a tener que expedir la Cámara Civil y Comercial, y recién después llegará al Máximo Tribunal. Aquí un cuadro que también publicamos en Perfil, con los escenarios posibles de lo que podría definir la Corte. Eso, de todas formas, va a pasar recién avanzado 2013. El ranking de posibilidades, a mi entender, es 1, 4, 2, 3 (tomando los cuadros de abajo, de izquierda a derecha).